El lunes se conocerían en el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) los resultados de la auditoría realizada en los juzgados federales de Jorge Parache y de Felipe Terán, sobre la tramitación de causas en reclamo del pago de títulos públicos del Estado.
Las conclusiones del relevamiento que efectuó una delegación especial enviada desde esa institución irán directamente a la comisión de Acusación, que deberá decidir sobre el trámite en la próxima semana.
El secreto sobre el informe es absoluto. La pesquisa fue solicitada luego de que la Procuración General del Tesoro detectó que se habían autorizado judicialmente retiros de sumas millonarias en casi un centenar de expedientes en Tucumán, sobre papeles del Estado que habían sido alcanzados por el default.
Los beneficiarios serían personas de edad avanzada, y muchas de ellas habrían estado representadas por los mismos estudios jurídicos. La Nación consideró que se habían producido maniobras irregulares, que causaron perjuicio al erario.
En Tucumán, el fiscal federal Carlos Brito tiene abierta una causa formal penal en uno de estos temas, sobre la que espera la llegada de ampliaciones de informes desde la Capital Federal para profundizar sus acciones.
Opinión de los abogados
"Estamos apoyando la labor del CMN, y la seguimos de cerca. Hemos pedido que nos avisen cuándo se tratarán los informes, para estar presentes y tomar conocimiento directo del texto. Todavía no se sabe nada, ni siquiera extraoficialmente, porque se maneja como secreto de sumario", señaló ayer el titular del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante.
El profesional recordó que las reuniones de la comisión de Acusación son públicas. Bustamante señaló que el CMN destituyó a 27 magistrados desde 1998, que es la misma cantidad que fueron separados del cargo desde la institucionalización del país y hasta ese año. "Algo está cambiando", dijo.
"Esta situación es muy preocupante, porque también estarían comprometidos colegas en la supuesta maniobra delictiva. Sobre ellos ejercemos nuestra facultad disciplinaria y ética, y la aplicaremos con rigor si es necesario", concluyó.
Las conclusiones del relevamiento que efectuó una delegación especial enviada desde esa institución irán directamente a la comisión de Acusación, que deberá decidir sobre el trámite en la próxima semana.
El secreto sobre el informe es absoluto. La pesquisa fue solicitada luego de que la Procuración General del Tesoro detectó que se habían autorizado judicialmente retiros de sumas millonarias en casi un centenar de expedientes en Tucumán, sobre papeles del Estado que habían sido alcanzados por el default.
Los beneficiarios serían personas de edad avanzada, y muchas de ellas habrían estado representadas por los mismos estudios jurídicos. La Nación consideró que se habían producido maniobras irregulares, que causaron perjuicio al erario.
En Tucumán, el fiscal federal Carlos Brito tiene abierta una causa formal penal en uno de estos temas, sobre la que espera la llegada de ampliaciones de informes desde la Capital Federal para profundizar sus acciones.
Opinión de los abogados
"Estamos apoyando la labor del CMN, y la seguimos de cerca. Hemos pedido que nos avisen cuándo se tratarán los informes, para estar presentes y tomar conocimiento directo del texto. Todavía no se sabe nada, ni siquiera extraoficialmente, porque se maneja como secreto de sumario", señaló ayer el titular del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante.
El profesional recordó que las reuniones de la comisión de Acusación son públicas. Bustamante señaló que el CMN destituyó a 27 magistrados desde 1998, que es la misma cantidad que fueron separados del cargo desde la institucionalización del país y hasta ese año. "Algo está cambiando", dijo.
"Esta situación es muy preocupante, porque también estarían comprometidos colegas en la supuesta maniobra delictiva. Sobre ellos ejercemos nuestra facultad disciplinaria y ética, y la aplicaremos con rigor si es necesario", concluyó.







