Confirman el procesamiento al ex gerente de la 9 de Julio

La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del gerente de la empresa Transportes 9 de Julio, Ricardo Otrino, y el embargo sobre sus bienes hasta alcanzar la cifra de $ 500.000.
El empresario está acusado de contaminación ambiental por aplicación de la ley nacional de Residuos Peligrosos (de competencia federal), en el vaciadero de Los Vázquez. La causa fue iniciada en 1998.
El pronunciamiento del tribunal fue en votación dividida. La ratificación de la decisión del juez federal Jorge Parache fue firmada por Ernesto Clemente Wayar, Graciela Fernández Vecino y Raúl David Mender; mientras que Ricardo Sanjuán y Marina Cossio de Mercau se pronunciaron por la falta de mérito, al no juntar pruebas suficientes como para determinar el procesamiento o el sobreseimiento del imputado.
La defensa de Otrino pidió la declaración de nulidad de la ley de Residuos Peligrosos, pero fue rechazado por la mayoría, que reivindicó el derecho de los ciudadanos a gozar de un medio ambiente sano. La estrategia apuntó también a la falta de determinación sobre la culpabilidad de Otrino, atento a las pruebas incorporadas al expediente.
"Existen acopiados elementos probatorios de convicción más que suficientes para estimar que existe el hecho delictuoso y que avalan el procesamiento de Otrino como presunto responsable del ilícito penal", señalaron los tres magistrados. Agregaron que no es necesario comprobar el daño ambiental, sino que resulta suficiente con la demostración de un peligro concreto y grave de contaminación.
Entre los elementos detectados en Los Vázquez, se encontraron jeringas, agujas descartables, residuos sanatoriales u hospitalarios y sondas. Nada de esto tenía el tratamiento adecuado, y estaba cerca del río Salí, según los informes existentes.

En disidencia
Sanjuán redactó el fallo en disidencia, que firmó con Cossio de Mercau. Señalaron los camaristas que hubo una cadena de despropósitos por los medios y las formas en que se colectaron las pruebas, y se preguntaron "si el Juzgado Federal no podía haber contado con la posibilidad de realizar una mejor investigación y munirse con mejores elementos técnicos" que los aportados en el expediente.
"Todos los municipios, sin excepción, adolecen de graves y perjudiciales deficiencias técnicas en cuanto a su ubicación (de los basurales) y al impacto en el medio ambiente. En la cadena de responsabilidades, lo único que surge en claro es el desinterés del Estado y el abandono que realiza permanentemente del ejercicio del poder de policía", indicó Sanjuán, en el dictamen al que adhirió Cossio de Mercau. Ambos concluyeron en la necesidad de profundizar la investigación.