El Poder Ejecutivo vetó una ley por la que se garantizaba un piso de ingresos a los ex empleados de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos), que se jubilaron con un régimen de retiro anticipado. Según el decreto firmado por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Economía, Jorge Jiménez, la redacción de la norma que quedó sin efecto era confusa y contraria a la política salarial del Gobierno.
La ley vetada había sido aprobada por unanimidad en la Legislatura, en la sesión del 30 de setiembre. El proyecto, redactado por el justicialista Alejandro Martínez, contó con el aval de Ramón Graneros (Participación Cívica) y de una nutrida barra de jubilados que celebró con aplausos la decisión parlamentaria.
La Cámara había establecido que los beneficiarios del régimen provincial de jubilación anticipada voluntaria, debían mantener un monto de haberes equivalentes a la categoría que tenían al momento del retiro.
Según el veto, la norma no contempló a otros agentes que también se jubilaron en forma anticipada, cómo aquellos que prestaban servicios en el ex BPT. Tampoco se habría tenido en cuenta, que los pasivos podrían dejar de cobrar adicionales no remunerativas reconocidos por el PE.
Graneros anticipó que pedirá la sanción de otra norma que contemple a los casi 600 ex empleados públicos que cobran como jubilados, pero que no pertenecen a ninguna caja previsional.
Con el nuevo veto, Alperovich llegó a las 35 leyes dejadas sin efecto desde octubre de 2003.
La ley vetada había sido aprobada por unanimidad en la Legislatura, en la sesión del 30 de setiembre. El proyecto, redactado por el justicialista Alejandro Martínez, contó con el aval de Ramón Graneros (Participación Cívica) y de una nutrida barra de jubilados que celebró con aplausos la decisión parlamentaria.
La Cámara había establecido que los beneficiarios del régimen provincial de jubilación anticipada voluntaria, debían mantener un monto de haberes equivalentes a la categoría que tenían al momento del retiro.
Según el veto, la norma no contempló a otros agentes que también se jubilaron en forma anticipada, cómo aquellos que prestaban servicios en el ex BPT. Tampoco se habría tenido en cuenta, que los pasivos podrían dejar de cobrar adicionales no remunerativas reconocidos por el PE.
Graneros anticipó que pedirá la sanción de otra norma que contemple a los casi 600 ex empleados públicos que cobran como jubilados, pero que no pertenecen a ninguna caja previsional.
Con el nuevo veto, Alperovich llegó a las 35 leyes dejadas sin efecto desde octubre de 2003.







