Adjudicarán $ 80,5 millones para obras en Lomas de Tafí

Las obras de infraestructura de Lomas de Tafí serán adjudicadas en forma directa, sin pasar por una licitación pública. El sistema de contratación está habilitado por un convenio específico que firmó la Provincia con la Nación el 27 de junio pasado, cuando ya había polémica sobre el mecanismo elegido para seleccionar las empresas encargadas de erigir el megabarrio.
Inicialmente, atento al acuerdo de junio de 2004, sólo estaba contemplada la licitación pública. Pero este año se modificó ese artículo, y se autorizó la adjudicación conforme al procedimiento vigente en Tucumán. Así, el Instituto Provincial de la Vivienda dispuso fragmentar los trabajos de conexión de las 3.000 casas en tres sectores, con un llamado a concurso de precios por valores que rondan los $ 16 millones cada uno. Además, se realizará una compulsa por las obras generales de nexo y complementarias de todo el barrio, por $ 31 millones. En total, en estas obras se invertirán más de $ 80,5 millones.
Los trabajos consisten en la infraestructura básica y los nexos de agua, de cloacas, de desagües pluviales, de electricidad, de gas natural, y de la circulación vial, tanto a cada vivienda en particular como a los espacios comunes y a la estructura general de Lomas de Tafí.
El llamado se realizará a las empresas inscriptas en el Registro de Contratistas del Estado, que acrediten capacidad técnica suficiente como para realizar las tareas. Este paso es fundamental antes de que comiencen a levantarse las casas, ya que el Tribunal de Cuentas (TC) dispuso que no podía ponerse ni un ladrillo antes de que empiecen las obras de infraestructura general.
El plazo de ejecución está previsto en 510 días corridos. Esto implica que Lomas de Tafí no sería entregado antes del segundo semestre de 2007.
Los pliegos fueron remitidos para un control previo y aconsejamiento del TC. El ente de supervisión emitió cuatro acuerdos, firmados por Sergio Díaz Ricci y por Miguel Chaibén Terraf, con observaciones y advertencias al IPV. Una vez corregidos los artículos y puntos cuestionados, el interventor en Vivienda, Gustavo Durán, podrá efectuar las cotizaciones. Pero antes de firmar los contratos de adjudicación, el TC revisará los papeles.
La principal objeción está relacionada con el modo de pago de los trabajos. El pliego establece que se realizará mediante el sistema de unidad de medida. Sin embargo, en el convenio marco suscripto en 2004 se estableció taxativamente que la modalidad de contratación era el ajuste alzado, que consiste en un monto fijo e inamovible, más allá de distintas variaciones que pudiere haber.
Esta contradicción puede ser subsanada de dos maneras: con un nuevo acuerdo con la Nación que cambie la forma de cancelar las obras; o con el cambio de los pliegos y su adecuación a lo pactado el año pasado. Cualquier alternativa debe producirse antes de la compulsa de precios.
Los pliegos establecen un pago del 5% a los adjudicatarios en concepto de proyecto, pese a que el anteproyecto diseñado por el IPV está bastante detallado y hubiese permitido un valor menor, según estimaciones del TC.