Desde hace dos meses, el juez federal Jorge Parache espera un informe del equipo de médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la salud de Antonio Domingo Bussi.
El ex gobernador se encuentra detenido, acusado del secuestro y la desaparición del senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurridos en 1976. Actualmente goza del beneficio de la detención domiciliaria en un country de Pilar, Buenos Aires -donde vive con su hija Claudia Bussi-, ya que alegó problemas cardiovasculares que obligan su tratamiento y seguimiento prolongado en el Instituto del Diagnóstico de la Capital Federal.
Parache solicitó a la Corte que designe una junta médica, a través de su Dirección General Pericial. Quiere saber con precisión el actual estado clínico de Bussi, el tratamiento y el control que se le realizan, y si está en condiciones de ser trasladado de regreso a Tucumán para afrontar las denuncias en su contra. El ex mandatario tiene abiertas unas 400 causas por violaciones a los derechos humanos en la década del 70, muchas de las cuales no avanzarán mientras no se le tome declaración como imputado.
Nuevo oficio
El magistrado reiteró su pedido al máximo tribunal el 26 de setiembre, e insistiría por tercera vez en las próximas horas.
En tanto, ayer ingresó un nuevo oficio reclamando la libertad de Bussi, efectuado por su abogado defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz. El letrado apeló ante la Cámara Federal de Tucumán la decisión de Parache de mantener la detención domiciliaria de su cliente durante 2006. Ratificó que el juez no atendió sus argumentos por la inocencia del ex gobernador y en que la Justicia ya falló a su favor en otro momento, cuando estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final (hoy declaradas nulas por la Corte).
El ex gobernador se encuentra detenido, acusado del secuestro y la desaparición del senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurridos en 1976. Actualmente goza del beneficio de la detención domiciliaria en un country de Pilar, Buenos Aires -donde vive con su hija Claudia Bussi-, ya que alegó problemas cardiovasculares que obligan su tratamiento y seguimiento prolongado en el Instituto del Diagnóstico de la Capital Federal.
Parache solicitó a la Corte que designe una junta médica, a través de su Dirección General Pericial. Quiere saber con precisión el actual estado clínico de Bussi, el tratamiento y el control que se le realizan, y si está en condiciones de ser trasladado de regreso a Tucumán para afrontar las denuncias en su contra. El ex mandatario tiene abiertas unas 400 causas por violaciones a los derechos humanos en la década del 70, muchas de las cuales no avanzarán mientras no se le tome declaración como imputado.
Nuevo oficio
El magistrado reiteró su pedido al máximo tribunal el 26 de setiembre, e insistiría por tercera vez en las próximas horas.
En tanto, ayer ingresó un nuevo oficio reclamando la libertad de Bussi, efectuado por su abogado defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz. El letrado apeló ante la Cámara Federal de Tucumán la decisión de Parache de mantener la detención domiciliaria de su cliente durante 2006. Ratificó que el juez no atendió sus argumentos por la inocencia del ex gobernador y en que la Justicia ya falló a su favor en otro momento, cuando estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final (hoy declaradas nulas por la Corte).







