El llamado del Gobierno a elegir los 40 convencionales constituyentes para el 19 de febrero de 2006 obligó a modificar los tiempos previstos en el decreto reglamentario del sistema de primarias abiertas para la selección de los candidatos.
Inicialmente, la norma disponía que las alianzas debían ser inscriptas dos meses antes de las internas, plazo que venció ayer. La convocatoria del Poder Ejecutivo habilitó a la Junta Electoral Provincial (JEP) a disponer una nueva fecha para cumplir con este requisito: el viernes 11 de noviembre. Hasta ese día, como máximo, podrán ser anotados los frentes electorales que decidan competir, según le dijo ayer a LA GACETA el presidente de la institución electoral, Alfredo Carlos Dato.
El titular de la Corte Suprema de Justicia señaló que también se dispuso que los precandidatos a convencionales que participarán de los comicios internos del domingo 18 de diciembre deben estar inscriptos hasta el viernes 18 de noviembre.
Margen abreviado
Las fechas previstas en el cronograma oficial (a partir del decreto del PE) acotan el margen de acción de las expresiones opositoras, cuyos principales referentes han dado señales de que buscarán una posición común enfrentando al oficialismo. En los hechos, es impensable que haya contactos antes de los comicios de diputados nacionales, por lo que habrá que esperar hasta el lunes. Ello limitaría el tiempo de las conversaciones a menos de tres semanas.
La posibilidad de que se convoque a una gran abstención para la votación de convencionales es manejada por la conducción de la Unión Cívica Radical y de Fuerza Republicana, que han trazado líneas de contacto con otras estructuras de oposición, como Pueblo Unido, Recrear y Ciudadanos Independientes. De todas formas, las reuniones formales todavía no tuvieron lugar.
Una masiva abstención electoral no genera la ilegalidad de los comicios, aunque sí su pérdida de legitimidad política.
No hay nulidad
Las normas vigentes no determinan la nulidad de una votación porque la ciudadanía no atienda el llamado a las urnas, sino sólo castigos individuales por no haber cumplido con la obligación cívica de concurrir a votar.
Avila Gallo dice que el PE viola la Constitución
El decreto del PE por el que se convocó a elecciones de convencionales constituyentes para febrero de 2006 reavivó el frente judicial en contra de la reforma de la Carta Magna. El presidente de Bandera Blanca, Exequiel Avila Gallo, solicitó ayer a la Corte Suprema de Justicia que reabra el debate sobre el irresuelto planteo de inconstitucionalidad que había iniciado antes de que el tribunal frustrara el llamado a comicios para el 23 de octubre.
Avila Gallo sostuvo que la resolución, firmada por el gobernador, José Alperovich, el pasado lunes, es tan contraria a las leyes como la que fue anulada. Recalcó, en particular, que no se prevé un régimen jurídico específico para la elección general, y que no se respeta el plazo de 90 días que la ley de internas abiertas otorgó a los partidos para adecuar sus cartas orgánicas al nuevo régimen de votación.
El candidato a diputado sostuvo, además, que el Poder Ejecutivo está violentando el artículo 131 de la Constitución, al haber introducido diferencias entre el sistema para elegir legisladores y la normativa prevista para la selección de los 40 convencionales constituyentes.
Inicialmente, la norma disponía que las alianzas debían ser inscriptas dos meses antes de las internas, plazo que venció ayer. La convocatoria del Poder Ejecutivo habilitó a la Junta Electoral Provincial (JEP) a disponer una nueva fecha para cumplir con este requisito: el viernes 11 de noviembre. Hasta ese día, como máximo, podrán ser anotados los frentes electorales que decidan competir, según le dijo ayer a LA GACETA el presidente de la institución electoral, Alfredo Carlos Dato.
El titular de la Corte Suprema de Justicia señaló que también se dispuso que los precandidatos a convencionales que participarán de los comicios internos del domingo 18 de diciembre deben estar inscriptos hasta el viernes 18 de noviembre.
Margen abreviado
Las fechas previstas en el cronograma oficial (a partir del decreto del PE) acotan el margen de acción de las expresiones opositoras, cuyos principales referentes han dado señales de que buscarán una posición común enfrentando al oficialismo. En los hechos, es impensable que haya contactos antes de los comicios de diputados nacionales, por lo que habrá que esperar hasta el lunes. Ello limitaría el tiempo de las conversaciones a menos de tres semanas.
La posibilidad de que se convoque a una gran abstención para la votación de convencionales es manejada por la conducción de la Unión Cívica Radical y de Fuerza Republicana, que han trazado líneas de contacto con otras estructuras de oposición, como Pueblo Unido, Recrear y Ciudadanos Independientes. De todas formas, las reuniones formales todavía no tuvieron lugar.
Una masiva abstención electoral no genera la ilegalidad de los comicios, aunque sí su pérdida de legitimidad política.
No hay nulidad
Las normas vigentes no determinan la nulidad de una votación porque la ciudadanía no atienda el llamado a las urnas, sino sólo castigos individuales por no haber cumplido con la obligación cívica de concurrir a votar.
El decreto del PE por el que se convocó a elecciones de convencionales constituyentes para febrero de 2006 reavivó el frente judicial en contra de la reforma de la Carta Magna. El presidente de Bandera Blanca, Exequiel Avila Gallo, solicitó ayer a la Corte Suprema de Justicia que reabra el debate sobre el irresuelto planteo de inconstitucionalidad que había iniciado antes de que el tribunal frustrara el llamado a comicios para el 23 de octubre.
Avila Gallo sostuvo que la resolución, firmada por el gobernador, José Alperovich, el pasado lunes, es tan contraria a las leyes como la que fue anulada. Recalcó, en particular, que no se prevé un régimen jurídico específico para la elección general, y que no se respeta el plazo de 90 días que la ley de internas abiertas otorgó a los partidos para adecuar sus cartas orgánicas al nuevo régimen de votación.
El candidato a diputado sostuvo, además, que el Poder Ejecutivo está violentando el artículo 131 de la Constitución, al haber introducido diferencias entre el sistema para elegir legisladores y la normativa prevista para la selección de los 40 convencionales constituyentes.
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