La posibilidad de ser sometidos a juicio político inquieta a los jueces

En todo el país, los magistrados están preocupados por la posibilidad de ser sometidos a juicio político como consecuencia del contenido de sus sentencias. Por ello, los integrantes de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), de la que forma parte Tucumán, se reunieron recientemente en Bariloche. Allí emitieron un documento en el que advierten sobre esta situación y la condenan por considerarla "una práctica viciosa". Entre otras consideraciones, se señala que cuando el juicio político se utiliza para revisar las sentencias se vulnera el principio de división de poderes. "Esto, al mismo tiempo, constituye un grave menoscabo a una actuación independiente", afirma la declaración, que fue suscripta por el presidente de la Asociación de Magistrados de Tucumán, Augusto Avila, miembro de la junta de gobierno de la FAM.
Los magistrados dedicaron largos párrafos a las situaciones que sufren los jueces en Mendoza, Buenos Aires, San Luis, Neuquén, Chaco y Jujuy. No se mencionó, en cambio, a Tucumán.
Cabe destacar que, en la provincia, la comisión de Juicio Político de la Legislatura estudia planteos contra la camarista penal Alicia Freidenberg y el fiscal de Instrucción Pedro Gallo, de esta capital, y contra los vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común de Concepción Marta Miranda Villagra y Félix Carmona.

Peligrosa costumbre
El pronunciamiento insiste en que nada debe interferir en la actuación de la Justicia. "Si fuera admitida una revisión política de los fallos se borrarían los límites jurídicos del poder, esenciales para preservar la república y para no caer en el despotismo", dice el texto.

Mensaje claro
La FAM instó a las entidades representativas de los magistrados y de los funcionarios judiciales a que transmitan un claro mensaje a la comunidad en favor de las instituciones de la república.
"Hay que recordar que la separación de poderes hace a la esencia republicana y la garantía de la independencia de los jueces no responde a intereses elitistas, sino que, por el contrario, está destinada a salvaguardar los derechos individuales de cada ciudadano, en especial, los de los más débiles", concluye.