En capilla

Seguramente, Jorge Parache y Felipe Terán no duermen tranquilos. La carrera judicial de ambos está en manos del Consejo Asesor de la Magistratura.
Es difícil caminar por los pasillos de los tribunales -tanto de los federales como de los provinciales- sin escuchar hablar sobre el caso de los títulos que cayeron en default y sobre los abogados que se entusiasmaron con seguir obteniendo pingües ganancias como antes lo habían hecho con el corralito y con el corralón.
Los nombres de los jueces federales Nº 1 y Nº 2 se desparraman en las mesas de café y en los bufetes de abogados, y son causa de estado, tanto en Tucson como en Buenos Aires. Parache y Terán son el blanco predilecto de los envenenados dardos del rumor.
Lo que había sido calificado como difamación tomó otro cariz cuando los sabuesos del Consejo Asesor de la Magistratura se llevaron expedientes, sin discriminar apellidos que suelen tener privilegios en la vida pública (tanto judicial como política) de este Tucson que no puede dejar de ser noticia por las malas noticias.
Aquella mañana, cuando sonó el teléfono rojo en la Casa de Gobierno, ni el gobernador, José Alperovich, ni los ministros esperaban un reclamo. El mandatario levantó el tubo y recibió un reproche de Néstor Kirchner. "Algo está pasando en la Justicia Federal. Tengo quejas del ministro (Roberto) Lavagna porque aquí llueven medidas cautelares para que se paguen títulos", cuentan que dijo el Presidente.
Como en Tucson el prójimo empieza por uno mismo y la ética y la moral figuran con letras muy chiquititas en el diccionario de la vida diaria, comenzaron los lobbies y la búsqueda de protección. El rumor creció, y hasta se escuchó a jóvenes letrados advertir con ostentosa soberbia: "si yo caigo, caerán todos".
"Otra cautelar con acento tucumano y ya van...". Esa fue la voz de alerta que se oyó en Buenos Aires. Se comenzó a investigar y se abrió un expediente sobre el que aún no hay conclusiones por parte de los auditores del Consejo Asesor de la Magistratura. Sin embargo, en ese estudio se preguntan por qué fueron firmadas medidas cautelares para que se ordene al Ministerio de Economía de la Nación el pago de títulos. Llamó la atención que figuraran el nombre y el número de cuenta, pero no el monto.
Se sospecha -y se investiga- que, al no figurar la suma de dinero que debía entregarse y al precisarse únicamente que había que reintegrar los títulos que estaban en la cuenta de la persona indicada, se empezaron a agregar más títulos a esas cuentas. De esa manera, se había abierto una causa en la Justicia Federal provincial por 600.000 dólares en títulos "defaulteados". Pero cuando en el ministerio de Economía revisaron la cuenta, ya había más de cuatro millones de dólares en títulos.
De comprobarse estas maniobras, los tucumanos volveremos a tener el rótulo de pícaros y no de CIUDADANOS (con mayúsculas) de una provincia seria.
No hay una sino 80 causas que están siendo investigadas. En los Tribunales federales indican que 40 fueron tramitadas en el juzgado de Parache (el Juzgado Federal Nº 1) y otras tantas en el de Terán (el Nº 2). Se dice también que entre ellas hay tramitaciones donde figuran los nombres de destacados abogados que ya no caminan tranquilos por los pasillos de los Tribunales federales.

Muchas manos en el plato
Estas investigaciones fueron ordenadas (tal cual ya lo adelantó LA GACETA) por el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, a raíz de un pedido efectuado por Beinusx Sxmukler, consejero del CM.
Los abogados de todo el país ya venían prendiéndole velas a Domingo Cavallo porque el corralito y el corralón les habían permitido obtener buenos dividendos. Ahora surgía la posibilidad de que aquellas personas para las cuales se aceptaban excepciones -como ser hijo de desaparecidos, ser discapacitado o tener edad avanzada-, mediante la autorización de un juez, obtuvieran el permiso para que el ministerio de Economía de la Nación les abonara, a valor nominal, esos títulos que habían entrado en default.
Por eso, en Buenos Aires sospechan que hicieron falta muchos cómplices para que funcionaran estas operaciones. Por un lado, fue necesario un operador de bolsa que consiguiera los títulos (por lo general se los compraba al 20 % de su valor), que iban a ser depositados en la cuenta una vez que saliera la cautelar. Por el otro, aparentemente también hacía falta un contacto en el Ministerio de Economía para que apurara estas tramitaciones y las hiciera en el momento justo. Claro que todas son elucubraciones; la verdad saldrá a la luz en la investigación administrativa que lleva adelante el CM.
Sin duda era un rápido y estupendo negocio, ya que permitía obtener más del 60 % del capital invertido durante sólo un mes después de pagar todos los favores recibidos, comentaban el viernes en un bar cercano al Colegio de Abogados.

Feliz Navidad
A medida que avanzaba la investigación en Buenos Aires, en el CM trascendió (tal cual lo anticipó LA GACETA) que apareció la cautelar en favor de Inés Bórquez, una octogenaria que el 23 de diciembre del año pasado recibió la autorización de Terán para retirar el dinero de su cuenta por un planteo que ella había realizado porque poseía títulos por 600.000 dólares. En julio, cuando el ministerio de Economía fue a pagarle los títulos que estaban en la cuenta, se encontró con que había 4,4 millones de dólares más para entregar.
Como la autorización no tenía monto prefijado (algo que se hizo varias veces durante la liberación de fondos del corralito y, por lo tanto, la mitad de las bibliotecas jurídicas dice que está bien, y la otra, que no), había que pagar los dólares.
La investigación cayó como una bomba en el ambiente jurídico provincial. Ya no hubo burlas en las charlas de los letrados y se callaron aquellos que hacían ostentación por la compra de camionetas 4x4 o que presumían con sus negocios inmobiliarios en Altos de Urquiza o en algún country.
En la city cuentan que las esquirlas de este estallido están haciendo tambalear a algunos abogados, a los que dejaron fuera de los bufetes que solían frecuentar. Aparentemente, también están demorando la tramitación de causas en los Tribunales Federales y, lo que es más grave, ponen bajo sospecha a los tucumanos. Por el bien y por la salud de la Justicia, urge una rápida aclaración y la resolución de estos procesos.

La hora del votante
En los ámbitos judiciales el tema sigue causando sorpresa, escozor y rumores. Mientras tanto, el pueblo y los candidatos están en capilla.
A pesar de las malas mañas de la política mezquina y mentirosa, el ciudadano tiene en sus manos la decisión. Si no va a votar, Alperovich y su esposa se verán beneficiados. Por cada persona que no vaya, el gobernará con el doble de votos. Si mucha gente no va a votar es posible que el matrimonio saque tres diputados.
En cambio, si aumenta la cantidad de votantes el oficialismo sigue con la seguridad de conseguir dos bancas, pero el dilema será saber quién será la segunda fuerza. Como Carlos Reutemann cuando era corredor de fórmula 1, FR se fue acostumbrando a ser segunda, aunque por ahí descorche algún champán en el podio. Pero esta vez la escudería de los Bussi tiene un piloto un tanto inexperto -muchos temen que en la última vuelta le entre pasto al motor- y corre el riesgo de quedarse sin ver la bandera a cuadros.
Gumersindo Parajón y Pablo Walter, por su parte, dependen mucho de estas variables para saber si pondrán sus asentaderas en alguna poltrona del Congreso de la Nación. Lamentablemente para nuestra democracia, los demás corredores no están seguros de tener todos los mecánicos necesarios y corren muy desde atrás.
La increíble paradoja del oficialismo es que hace grandes campañas para ocupar una banca en Diputados y sin embargo permite que Roque Alvarez se aferre a su banca como un niño al caramelo. Así, mientras ejerce como secretario de Estado local, la provincia tienen un diputado menos en Buenos Aires sólo por egoísmo político. Los tucumanos tienen siete días para pensar y decidir su propio futuro.