Por Redacción Política
15 Octubre 2005
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El 29 de octubre de 1995, mientras Antonio Domingo Bussi asumía como gobernador en el teatro San Martín, el Piper Navajo de la Provincia aterrizaba en el aeropuerto Benjamín Matienzo proveniente de Buenos Aires, adonde había trasladado a un tucumano enfermo. Fue su último viaje sanitario. Nunca más levantó vuelo. Desde aquella tarde transcurrieron casi 10 años.
En mayo de 2000, el entonces gobernador Julio Miranda dispuso, a través de los decretos 634 y 2.908, la contratación en forma directa de la empresa Timen SA, de Buenos Aires, por un monto de $ 300.000. La firma, que opera en el aeropuerto de Don Torcuato, se harían cargo de la reparación integral del Piper PA-31P (matrícula LV-JZT) y de la Aerocommander modelo 690 A, matrícula LV-LTY, dos de las aeronaves del Estado.
Diferencia de precios
Tras la devaluación de la moneda argentina y la crisis económica de 2001, la gestión de Miranda no pudo afrontar el pago de la reparación de las avionetas, que continuaron en poder de la empresa privada. Esta reclamó la dolarización del contrato, argumentando que la mayoría de los insumos sólo se conseguía en el exterior. La Provincia, en tanto, ratificó su intención de respetar el convenio en pesos.
Para garantizar el pago, Timen SA interpuso ante la Justicia un recurso invocando su derecho de retención sobre los bienes en litigio (herramienta a la que puede recurrir un acreedor cuyo trabajo aún no fue abonado), hasta tanto el Poder Ejecutivo provincial cancele la deuda, de $ 100.000, aproximadamente.
La actual gestión retomó las tratativas para recuperar las aeronaves; en ese afán, la Fiscalía de Estado promovió una demanda contra Timen SA. A efectos de tomar posesión de los bienes, el PE ofreció el pago de $ 99.500 como garantía para asumir el carácter de depositario judicial de los aviones. La Provincia justificó su pretensión en que el anunciado cierre del aeropuerto de Don Torcuato aumentaría los costos de traslado de las máquinas a Tucumán.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin embargo, rechazó el planteo y ratificó la tenencia de las aeronaves para Timen SA hasta tanto se resuelva el conflicto de fondo entre las partes.
En mayo de 2000, el entonces gobernador Julio Miranda dispuso, a través de los decretos 634 y 2.908, la contratación en forma directa de la empresa Timen SA, de Buenos Aires, por un monto de $ 300.000. La firma, que opera en el aeropuerto de Don Torcuato, se harían cargo de la reparación integral del Piper PA-31P (matrícula LV-JZT) y de la Aerocommander modelo 690 A, matrícula LV-LTY, dos de las aeronaves del Estado.
Diferencia de precios
Tras la devaluación de la moneda argentina y la crisis económica de 2001, la gestión de Miranda no pudo afrontar el pago de la reparación de las avionetas, que continuaron en poder de la empresa privada. Esta reclamó la dolarización del contrato, argumentando que la mayoría de los insumos sólo se conseguía en el exterior. La Provincia, en tanto, ratificó su intención de respetar el convenio en pesos.
Para garantizar el pago, Timen SA interpuso ante la Justicia un recurso invocando su derecho de retención sobre los bienes en litigio (herramienta a la que puede recurrir un acreedor cuyo trabajo aún no fue abonado), hasta tanto el Poder Ejecutivo provincial cancele la deuda, de $ 100.000, aproximadamente.
La actual gestión retomó las tratativas para recuperar las aeronaves; en ese afán, la Fiscalía de Estado promovió una demanda contra Timen SA. A efectos de tomar posesión de los bienes, el PE ofreció el pago de $ 99.500 como garantía para asumir el carácter de depositario judicial de los aviones. La Provincia justificó su pretensión en que el anunciado cierre del aeropuerto de Don Torcuato aumentaría los costos de traslado de las máquinas a Tucumán.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin embargo, rechazó el planteo y ratificó la tenencia de las aeronaves para Timen SA hasta tanto se resuelva el conflicto de fondo entre las partes.
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