14 Octubre 2005 Seguir en 
Un empleado judicial fue cesanteado por la Corte Suprema de Justicia, por el presunto pedido de dinero a una persona a fin de agilizarle un trámite en el Palacio de Tribunales.
El caso es el del encargado mayor Carlos Alberto Herrera, que habría solicitado dinero ($ 100) para tramitar la devolución de una motocicleta que estaba secuestrada en una causa. Herrera había presentado un recurso para que se reconsiderara la sanción, pero fue rechazado por los máximos jueces.
La denuncia fue realizada por una pareja y su hijo, quienes advirtieron que Herrera, cuando se desempeñaba, en la fiscalía correccional II les pidió el dinero; ellos le habrían dado primero $ 80, y luego el resto. La moto, una Kawasaky, estaba a disposición de la fiscalía X de Instrucción.
Sin embargo, dijeron los denunciantes, a pesar de haber entregado toda la documentación, nunca se les restituyó el vehículo.
Herrera ya había pasado por otras seis dependencias en las cuales, según la acordada que firmaron Alfredo Dato, René Goane, Alberto Brito, Héctor Area Maidana y Antonio Gandur, también había sido denunciado. Aparte de las actuaciones administrativas, realizadas por el secretario de superintendencia Reyes Severiano Pérez, en la fiscalía VI ya se realizó un requerimiento de elevación a juicio contra Herrera.
El año pasado, el encargado principal de la fiscalía VI de Instrucción Hugo Alfredo Orellana, también había sido cesanteado. Había sido acusado por una mujer que habría advertido que le pidió $ 100 para enviar una causa a juicio, cuando el realidad el expediente ya estaba en esa instancia judicial.
Varios empleados -tanto de la fiscalía como de la sala penal- reconocieron que Orellana habría atendido a la denunciante, por lo que, ante la presunción de un hecho delictivo, los jueces, administrativamente, decidieron cesantearlo.
El caso es el del encargado mayor Carlos Alberto Herrera, que habría solicitado dinero ($ 100) para tramitar la devolución de una motocicleta que estaba secuestrada en una causa. Herrera había presentado un recurso para que se reconsiderara la sanción, pero fue rechazado por los máximos jueces.
La denuncia fue realizada por una pareja y su hijo, quienes advirtieron que Herrera, cuando se desempeñaba, en la fiscalía correccional II les pidió el dinero; ellos le habrían dado primero $ 80, y luego el resto. La moto, una Kawasaky, estaba a disposición de la fiscalía X de Instrucción.
Sin embargo, dijeron los denunciantes, a pesar de haber entregado toda la documentación, nunca se les restituyó el vehículo.
Herrera ya había pasado por otras seis dependencias en las cuales, según la acordada que firmaron Alfredo Dato, René Goane, Alberto Brito, Héctor Area Maidana y Antonio Gandur, también había sido denunciado. Aparte de las actuaciones administrativas, realizadas por el secretario de superintendencia Reyes Severiano Pérez, en la fiscalía VI ya se realizó un requerimiento de elevación a juicio contra Herrera.
El año pasado, el encargado principal de la fiscalía VI de Instrucción Hugo Alfredo Orellana, también había sido cesanteado. Había sido acusado por una mujer que habría advertido que le pidió $ 100 para enviar una causa a juicio, cuando el realidad el expediente ya estaba en esa instancia judicial.
Varios empleados -tanto de la fiscalía como de la sala penal- reconocieron que Orellana habría atendido a la denunciante, por lo que, ante la presunción de un hecho delictivo, los jueces, administrativamente, decidieron cesantearlo.
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