Interés por una auditoría a magistrados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue de cerca la evolución de la auditoría que el Consejo de la Magistratura (CM) de la Nación ordenó respecto de los juzgados federales que encabezan Jorge Parache y Felipe Terán. Las conclusiones del relevamiento, que fue practicado por el jefe del cuerpo de auditores del CM, Jorge dal Zotto, serán conocidas la próxima semana.
El ministro del alto tribunal, Eugenio Raúl Zaffaroni, defendió la inspección practicada. "Se trata de una sana costumbre, porque la apertura a un control es importante, ya que mientras más controles haya, más seguros estaremos", aseveró.
El magistrado reveló que la Corte Suprema -cuyo presidente, Enrique Petracchi, también encabeza el CM- estaba al tanto de la situación de los juzgados federales tucumanos.
"Sabíamos de esta situación y la evaluamos administrativamente como positiva, más allá de la discusión respecto de si tenía o no que hacerse, y si el Poder Judicial estaba (o no) comprendido. Esta labor es de competencia exclusiva del Consejo de la Magistratura, más allá de que la Constitución de 1994 haya dejado una zona gris en otros asuntos, que tratamos de evitar que sean conflictivas". Esto afirmó Zaffaroni tras visitar a la Corte Suprema de la provincia.

Sospechas de Economía
La auditoría fue ordenada por las sospechas que generó en el Ministerio de Economía de la Nación el trámite dado a unas 80 acciones de amparo planteadas por ahorristas que tenían títulos públicos, que habían sido pesificados luego del default en que entró el Estado nacional como consecuencia de la crisis de 2001. La irregularidad se habría dado en algunos casos, porque las órdenes judiciales -para retirar los fondos- se habrían hecho sin especificar los montos.
Hasta ayer, la comisión de Labor del CM no había recibido las conclusiones del informe de Dal Zotto. La próxima reunión del grupo, integrado por los presidentes de las otras comisiones del CM, será el jueves, día en que adoptarían una decisión.
Si el informe ha constatado anomalías que no revisten gravedad, la comisión de Labor podría aconsejar la imposición de sanciones disciplinarias, posibilidad que la Constitución de 1994 reserva para el CM. En cambio, si la auditoría concluye que las irregularidades revelan la connivencia entre magistrados, funcionarios y estudios jurídicos, las actuaciones podrían ser giradas a la comisión de acusación del CM, para que evalúe si corresponde poner en marcha el proceso de destitución de uno o ambos magistrados.