Se decide la competencia para tratar las causas contra Amaya

La Cámara en lo Contencioso Administrativo comenzó a analizar las distintas presentaciones efectuadas contra la designación de Domingo Amaya como intendente capitalino. Lo primero por definir es si ese cuerpo es competente para analizarlas o las remite directamente a la Corte Suprema de Justicia.Las causas en trámite en ese tribunal son las del peronista Gerónimo Vargas Aignasse; de Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes); de los republicanos Ricardo Bussi y Carlos Canevaro; y del justicialista díscolo Enrique Romero y del ex diputado nacional Exequiel Avila Gallo (Defensa Provincial Bandera Blanca), quienes la firmaron en forma conjunta. Los planteos están radicados en la Sala I y en la II del tribunal, por lo que están involucrados los camaristas Salvador Ruiz, Horacio Castellano, Rodolfo Novillo (sería recusado por FR) y Carlos Giovaniello.
Una vez definida la competencia, se correría vista al municipio de los planteos concretados y se analizarían las pruebas ofrecidas por los acusadores, entre las que sobresalen el solicitarle al Concejo Deliberante una copia autenticada de la versión taquigráfica de la sesión de nombramiento definitivo de Amaya.

Un solo acto
Uno de los puntos en debate es si la aprobación de la resolución aprobada por diez ediles el pasado viernes (nueve del PJ y el ex Ciudadanos Independientes, Osvaldo Danesi) se toma como un hecho único y continuado o si se la divide en los artículos que la integran (fueron votados con distintas mayorías).
Esta diferencia es clave, ya que Avila Gallo y Romero fundamentaron su denuncia en que en el momento de aceptarse la renuncia de Antonio Bussi, la intendencia debería haber pasado a manos del presidente del Concejo Deliberante, el justicialista Ramón Cano. Por lo tanto, la votación a favor de Amaya habría carecido de quórum.

Pocas posibilidades
Desde fuentes tribunalicias trascendió que ese criterio tendría pocas posibilidades de imponerse. Por el contrario, la teoría más firme se inclinaría por considerar la resolución sancionada por los ediles como un solo acto indivisible, sin posibilidades de fraccionarlo.

Robles pide que se investigue a los ediles
Una causa penal contra el intendente Domingo Amaya podría ser reactivada por el fiscal Arnoldo Suasnábar, a cargo de la Fiscalía de la IX Nominación. El magistrado deberá pronunciarse sobre el planteo del legislador Juan Roberto Robles (UCR) para que se saque de archivo una denuncia por usurpación de autoridad, títulos y honores, que fue presentada el año pasado por el Grupo Alberdi, y se la amplíe al gobernador José Alperovich.
Robles consideró que en febrero había elementos suficientes para sostener el archivo decidido por la entonces fiscal Raquel Asís. En ese momento, Amaya era intendente interino y no se configuraba el dolo de la ocupación de un cargo de modo ilegal. En cambio, ahora, con la designación definitiva decidida por el Concejo Deliberante el viernes, la situación cambió y debe ser analizado, según el radical.
"Se debe investigar a Amaya; a los concejales que lo votaron y a Alperovich, como instigador del delito. Ninguno podía ignorar ni desconocer que la Constitución nacional dispone que las autoridades sean electas por el voto popular, y a sabiendas cometieron un ilícito. Si no cumplían, iba a ser intervenido el Concejo", dijo.
Robles señaló que el castigo contemplado en el Código Penal es leve, pero que lo más importante es que incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El intendente usurpó el cargo, según FR
Según Fuerza Republicana, el municipio atraviesa una grave situación de inseguridad jurídica, por la falta de legitimidad y de legalidad de Domingo Amaya como intendente y con la afectación del principio de división de los poderes del Estado.
"No importa dónde haya presentado la renuncia Antonio Bussi, el Concejo Deliberante no tenía facultades para aceptarla o rechazarla. No le compete tratar la dimisión de un intendente electo, que nunca asumió, y debería haberla girado inmediatamente a la Junta Electoral Provincial", afirmó el legislador Carlos Canevaro.
En base a ese argumento, el referente opositor consideró nula la designación de Amaya por parte de los ediles. Agregó que todos los actos administrativos que dicte o que firme carecerán de valor porque usurpó el cargo, y reivindicó el artículo 112 de la Constitución provincial, que impone el voto popular para elegir intendente.
Canevaro insistió en que todo lo actuado por el Concejo viola las normas, en la presentación que efectuó en la Cámara en lo Contencioso Administrativo (la firmó junto a Ricardo Bussi). La acción de inconstitucionalidad incluyó el pedido de que se dicte una medida de no innovar urgente, para que la Justicia ordene a Amaya que se abstenga de ejercer como intendente.