Desde la vuelta a la democracia, en 1983, la Provincia emitió deuda en bonos en pesos, en dólares y en euros. Honró todos sus compromisos en tiempo y forma hasta el default local que acompañó a la cesación de pagos de la Nación. Hacer el seguimiento de los montos emitidos y en circulación, y pretender que cotizaran en las pizarras de la oferta pública para brindar transparencia y seguridad fue casi imposible, por el manejo discrecional y reservado de los funcionarios.
Es oportuno recordar que, en la década del 90, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo facilitó al ex gobernador Ramón Ortega, el ingreso en la operatoria de los títulos nacionales Pro 1 y Bote 10 por un monto nominal de $ 130 millones. Luego de sucesivas operaciones de pase -compra y venta simultánea- estos se fundieron en dos plazos fijos inexistentes para que el Banco del Tucumán iniciara su giro comercial. Fue un caso investigado de modo ineficiente por el ex fiscal Esteban Jerez.
En estos días, el tema son los Consadep, para convertir y sanear deuda pública. Es más de la misma desprolijidad, porque el secretario de Hacienda, Eduardo Garvich, es un experto en solicitar a la Legislatura emisiones mayores a lo que se necesita, anular saldos y volver a pedir, todo con mucha discrecionalidad y reserva.
Principalmente para emitir títulos cartulares -láminas- que fomentan las cuevas, en vez de escriturales que se negocian con operadores autorizados.También es oportuno aclarar qué servicios presta el Banco del Tucumán, como agente financiero estatal, en el contrato integral y cerrado de la privatización. También cuáles son las prestaciones que son opcionales.Otro tema es el pago con títulos de los juicios ganados a la Provincia. La City conoce de los casos en que se compran baratos y demorados a los demandantes, y se pagan rápidos y caros en un tráfico discrecional y corrupto al que debería orientarse una línea seria de investigación. Salvo que el Gobierno y en medio de un proceso electoral publique lo pagado desde el comienzo de su gestión por monto y beneficiario, y en qué moneda o emisión.
Es oportuno recordar que, en la década del 90, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo facilitó al ex gobernador Ramón Ortega, el ingreso en la operatoria de los títulos nacionales Pro 1 y Bote 10 por un monto nominal de $ 130 millones. Luego de sucesivas operaciones de pase -compra y venta simultánea- estos se fundieron en dos plazos fijos inexistentes para que el Banco del Tucumán iniciara su giro comercial. Fue un caso investigado de modo ineficiente por el ex fiscal Esteban Jerez.
En estos días, el tema son los Consadep, para convertir y sanear deuda pública. Es más de la misma desprolijidad, porque el secretario de Hacienda, Eduardo Garvich, es un experto en solicitar a la Legislatura emisiones mayores a lo que se necesita, anular saldos y volver a pedir, todo con mucha discrecionalidad y reserva.
Principalmente para emitir títulos cartulares -láminas- que fomentan las cuevas, en vez de escriturales que se negocian con operadores autorizados.También es oportuno aclarar qué servicios presta el Banco del Tucumán, como agente financiero estatal, en el contrato integral y cerrado de la privatización. También cuáles son las prestaciones que son opcionales.Otro tema es el pago con títulos de los juicios ganados a la Provincia. La City conoce de los casos en que se compran baratos y demorados a los demandantes, y se pagan rápidos y caros en un tráfico discrecional y corrupto al que debería orientarse una línea seria de investigación. Salvo que el Gobierno y en medio de un proceso electoral publique lo pagado desde el comienzo de su gestión por monto y beneficiario, y en qué moneda o emisión.
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