El Tribunal de Cuentas habilitó la construcción de Lomas de Tafí. El ente de control aprobó los modelos de contrato que deberá firmar el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) con las 10 empresas encargadas de hacer, cada una en un sector, el barrio que se erigirá en la diagonal a Tafí Viejo.
El IPV hizo correcciones teniendo en cuenta las objeciones planteadas por los vocales del organismo de contralor, Sergio Díaz Ricci y Miguel Chaibén Terraf. Así, se fijó que el inicio de la edificación de las casas estará condicionado al comienzo de los trabajos de la infraestructura global del complejo habitacional.
Esto implica que, si bien los contratos serán firmados a la brevedad, sólo comenzarán a ejecutarse cuando se estén construyendo los servicios comunes del barrio de 3.000 viviendas.
Desde el IPV aún no se remitió el modelo de contratación directa con las empresas que serán invitadas a cotejar los trabajos de infraestructura básica.A pedido del Tribunal de Cuentas, en los contratos se suprimió el ítem de equipamiento comunitario, calculado como parte integrante del costo de la obra. En su acuerdo 2.124, el ente aclaró que no está acreditado en todos los casos que los terrenos estén libres de ocupantes, por lo cual corresponde condicionar la ejecución de cada contrato a la previa constatación de este hecho por parte del IPV.
En cambio, a partir de un pacto firmado entre el IPV y la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que aportará los $ 250 millones para la construcción del barrio, se mantendrá el criterio de otorgar un anticipo financiero a las empresas contratadas, en cada uno de los tramos de los trabajos por realizarse.
En julio, se había objetado este punto, pero como fue insistido en agosto en el convenio de carácter interjurisdiccional suscripto entre la Provincia y la Nación, no tuvo competencia para rechazarlo en una segunda oportunidad.
El IPV hizo correcciones teniendo en cuenta las objeciones planteadas por los vocales del organismo de contralor, Sergio Díaz Ricci y Miguel Chaibén Terraf. Así, se fijó que el inicio de la edificación de las casas estará condicionado al comienzo de los trabajos de la infraestructura global del complejo habitacional.
Esto implica que, si bien los contratos serán firmados a la brevedad, sólo comenzarán a ejecutarse cuando se estén construyendo los servicios comunes del barrio de 3.000 viviendas.
Desde el IPV aún no se remitió el modelo de contratación directa con las empresas que serán invitadas a cotejar los trabajos de infraestructura básica.A pedido del Tribunal de Cuentas, en los contratos se suprimió el ítem de equipamiento comunitario, calculado como parte integrante del costo de la obra. En su acuerdo 2.124, el ente aclaró que no está acreditado en todos los casos que los terrenos estén libres de ocupantes, por lo cual corresponde condicionar la ejecución de cada contrato a la previa constatación de este hecho por parte del IPV.
En cambio, a partir de un pacto firmado entre el IPV y la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que aportará los $ 250 millones para la construcción del barrio, se mantendrá el criterio de otorgar un anticipo financiero a las empresas contratadas, en cada uno de los tramos de los trabajos por realizarse.
En julio, se había objetado este punto, pero como fue insistido en agosto en el convenio de carácter interjurisdiccional suscripto entre la Provincia y la Nación, no tuvo competencia para rechazarlo en una segunda oportunidad.







