Sigue adelante la causa por las tragamonedas

La Justicia no hizo lugar a la pretensión del Jockey Club de que fuera declarada abstracta y archivada la causa iniciada para impedir la instalación de 1.000 tragamonedas en el Hipódromo. Por el contrario, dispuso que continuara el trámite de la acción de amparo impulsada por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán (FOA).La resolución, firmada por el titular de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Carlos Giovaniello, fue conocida ayer, cuando terminó la miniferia de una semana que había sido ordenada para facilitar la informatización de esa sala. Al planteo del Jockey Club se habían adherido la empresa Casino Club (responsable del emprendimiento), la Caja Popular de Ahorros y la Provincia.
La FOA pretende conjurar el impacto que tendría la instalación de una megasala de juegos en el parque 9 de Julio. Por el contrario, los impulsores de la iniciativa esgrimieron el certificado de aptitud ambiental, emitido por la Dirección de Medio Ambiente, como un hecho nuevo que no puede ser soslayado y que puede resultar decisivo para desestimar la acción de amparo.
No obstante, por medio de un dictamen no vinculante, la fiscal de Cámara, Elena Sangenis de Terraf, consideró que el Poder Ejecutivo había incurrido en desacato. Esgrimió que el PE había continuado con el trámite administrativo, necesario para la habilitación del centro de diversión, pese a que la Cámara en lo Contencioso Administrativo había ordenado la paralización de aquel a través de una medida cautelar.

Apto ambiental
Giovaniello fue contundente. "En la actual etapa del proceso judicial, cuyo trámite se encuentra en los primeros pasos, el hecho nuevo invocado no resulta apto, por ahora, para justificar que la cuestión sea declarada abstracta", concluyó.
El camarista recordó que la FOA pretende que sea declarada la nulidad del decreto del PE, a favor del emprendimiento, por el impacto ambiental negativo, mientras que en sede administrativa cuestionó la resolución de la Dirección de Medio Ambiente.
Giovaniello no ratificó la posición de Sangenis de Terraf sobre el presunto desacato. "El trámite seguido para la obtención del certificado de aptitud ambiental, sin perjuicio de los vicios que pudiera contener la resolución que lo concede, no ha transgredido ninguna orden judicial", dijo.