Una sentencia judicial se dilata

Las novedades políticas en torno de la redistribución de las bancas legislativas han puesto en un segundo plano a la marcha del expediente judicial impulsado por Alejandro Sangenis (hijo), quien persigue ese objetivo.
La causa está en poder de los jueces Ebe López Piossek y Enrique Guibert, integrantes de la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Los magistrados ya tendrían que haber dictado sentencia en torno del amparo presentado por el concejal opositor de Yerba Buena. Pero la inminente definición de la Legislatura, en la cual se alterará el mapa de los escaños, dilata el momento del fallo.
La decisión del vicegobernador Fernando Juri de actuar en este tema, fue motivada, precisamente, por el dictamen del fiscal de Cámara, Carlos Castellano, quien le dio la razón al dirigente del Movimiento Popular Tres Banderas. El magistrado coincidió en que la actual distribución de bancas viola la Constitución provincial por no haber sido adecuada a los datos arrojados por los censos poblacionales.

Para resolución
La causa está lista para resolverse, ya que la semana pasada quedó firme el auto para sentencia. Según los plazos fijados por el artículo 60 del Código Procesal Constitucional, la resolución tiene que ser tomada en 48 horas (ya se vencieron). Pero como esa disposición es ordenatoria, los magistrados pueden diferir su decisión sin peligro de recibir sanción alguna. En este momento, ninguna de las partes planteará un pronto despacho.

Las opciones
Los camaristas se enfrentan a varias opciones, pero todo parece indicar que esperarán a la sesión legislativa para luego fallar. Así, los tiempos políticos marcarían, en los hechos, los plazos procesales jurídicos.
Si la Cámara recepta el dictamen no vinculante de Castellano, podría ordenar a la Legislatura que aplique el artículo 139 de la Carta Magna vigente y redistribuya los escaños. Esto es precisamente lo que está por hacer la Cámara, antes del fin de semana.
Otra alternativa es que los jueces sigan el criterio de la Corte Suprema, que rechazó un planteo de Sangenis (h) cuando había sido efectuado antes del llamado a elección de convencionales. Como ahora cayó el decreto de convocatoria del PE, en esa línea argumentativa dejó de tener sustancia la presentación del edil. Por lo tanto, debería declararse abstracta la cuestión.

Otra alternativa
Una tercera posibilidad es que la Cámara declare abstracta la presentación del concejal, pero porque ya fue sancionada por la Legislatura y promulgada por el PE (siempre está la posibilidad del veto) una ley específica en el mismo sentido de la acción impulsada. De este modo, se cerraría el capítulo judicial por una decisión política. En cualquier caso, el proceso está por concluir.