Que en paz descanse

La Fiscalía Anticorrupción había desaparecido hace mucho. Por eso, la acordada con la que la Corte Suprema de Justicia certificará su defunción esta semana sólo legitimará una situación impuesta antes por la testaruda realidad: ya casi nadie confiaba en su eficacia o, peor, despertaba indiferencia. Se había vuelto inofensiva, único vicio que no puede permitirse un investigador. No sólo no mordía, sino que ni siquiera ladraba. A cinco años de su nacimiento, había olvidado su razón de ser. Por ello, la Fiscalía Federal General, del inquieto Antonio Gómez, se fue convirtiendo en la Fiscalía Anticorrupción subrogante, destinada a cubrir las lagunas -lagos- que deja la oficina encabezada por el cansino Pedro Gallo.
La Fiscalía I, de Gallo, será una más. Como sucedía antes de 2000, las diez Fiscalías de Instrucción de la capital podrán investigar indistintamente los delitos contra el Estado. El mensaje pareciera ser: "la sociedad ha guardado las cacerolas, ya no hace berrinches; hay que aprovechar porque ya no considera imprescindible que alguien deba perseguir específicamente aquellos hechos en los que se le mete la mano al inagotable bolsillo público". Si con una dependencia dotada de $ 25.000 mensuales era difícil desentrañar los meandros que suele tejer el corrupto, cuánto más les resultará a pobres fiscales que, aun cuando tuvieran buenas intenciones, deben manejar 2.000 causas. Eso sin contar que cuatro fueron puestos mediante el cuestionado sistema de designación del Poder Ejecutivo, tras la desaparición del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), que no da precisamente garantías de calidad técnica ni de independencia política.
El triste adiós de la Fiscalía Anticorrupción, sin misa de réquiem, quizás sea la consecuencia del diseño de instituciones a la medida de ciertas personas y para aprovechar la coyuntura. Exactamente al revés de lo que enseña la experiencia: las instituciones son el único reaseguro contra la perentoriedad humana. En eso radica la añorada previsibilidad. Aquí no: los dirigentes diseñan hormonalmente desde constituciones hasta fiscalías y, cuando terminan sus mandatos, se olvidan de ellas o se las llevan a la casa (o a la tumba). Y la sociedad lo consiente. ¿Dónde están los ciudadanos independientes que en 2002 llenaron la plaza Independencia para defender a Esteban Jerez, entonces fiscal anticorrupción, contra un proyecto que pretendía convertirlo en un fiscal más? ¿A quién defendían, a Jerez o a la institución? ¿Desaparecieron? ¿Por qué no se movilizaron ahora, no ya para defender a Gallo (cosa difícil), sino por la creación de un fuero? ¿Qué fue de la red de Jueces para la Democracia que tanto sostenía a Jerez con floridos comunicados de prensa?
Había sido inventada en 2000 por el polifacético José Ricardo Falú (entonces lucía el traje de ministro fiscal de la Corte) quien, en Tucumán, supo darle cauce institucional al grito de "que se vayan todos". Hasta el nombre expresaba el malestar contra la política, a la que se asociaba con la corrupción. No la había bautizado insípidamente Fiscalía de Delitos contra el Estado, sino Anticorrupción, para mostrar los dientes apretados. Invirtiendo el viejo adagio de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, se partía de que había delito hasta que se demostrara otra cosa y, a veces, ni aun así. Había que colocar con mayúscula el prefijo anti, en señal de advertencia.

Bienvenido fiscalito
Todo estaba bajo sospecha: los gastos de bloques faraónicos; la caja única que José Alperovich, ministro de Economía de Julio Miranda, manejaba con la habilidad del mago David Coperfield; y las presuntas valijas con bonos -y sobornos- para que los legisladores habilitaran la reforma constitucional. La Fiscalía operó como un revulsivo, inclusive en el propio Poder Judicial. Jerez, tácticamente colocado por Falú, asumió las cosas como si se tratara de una cruzada moral (solía hablar del contubernio de los buenos). Pronto terminó identificando a la institución consigo mismo. La Justicia se fracturó. Los magistrados, acostumbrados a los dilatados plazos procesales, tenían enfrente a un fiscalito que la iba de errante Quijote y que, a partir de cualquier denuncia, armaba un "Watergate". Encima, le abría las puertas a la prensa. La celosa familia judicial era invadida y cuestionada. Un fiscal la señalaba con el dedo y la hacía cómplice del statu quo, cada vez que le rechazaban un requerimiento de elevación a juicio. Los pedidos eran tan rápidos como las denegatorias de los jueces de Instrucción (de veces, en cuando Víctor Pérez le echaba una mano a Jerez). Entonces, unos y otros se retroalimentaron de la venenosa teoría conspirativa. Ya lo dijo el cura Leonardo Castellani: no hay drama sin antagonismo. Para unos, Jerez quería enlodar a todos para luego saltar a la política; para el fiscal, los otros eran la quinta columna que lo bloqueaba. La paradoja repicaba en la Corte. Jerez se apoyaba en el hoy ministro fiscal, Luis de Mitri, y veía en ciertos camaristas, en los vocales Antonio Gandur y Alfredo Dato, y en Reyes Pérez (secretario de Superintendencia), un diablo con cuatro cabezas. Aquello tenía que terminar mal.

Una larga siesta
Mareado por las prestidigitaciones de Falú y por la gente que lo saludaba en tiempos en que sólo había escraches, Jerez renunció en abril de 2003; dos meses más tarde fue candidato a gobernador, y cuatro después, diputado nacional por Recrear. Mientras tanto, el secretario, Carlos López, pagó su fidelidad hacia Jerez y hacia la función con el destierro. Lo mandaron a un Juzgado de Menores. Este año lo indultaron: lo repusieron en una Fiscalía (la X).
La Corte aún no podía desactivar la fiscalía, pero debía poner a alguien que la hiciera dormir una larga siesta: Gallo. Este prometió que no iba a haber espectacularidad. Al principio, se creyó que sólo era cuestión de formas, pero estas resultaron ser el fondo. Jerez estaba persuadido de que un fiscal tiene que tirar para adelante (léase imputar delitos), aun con errores formales, y que el juez, como protector de las garantías durante el proceso, debe poner límites. Gallo, en cambio, llevó la precaución hasta el paroxismo. Minimizaba las tentativas si no había daño contra el erario, como sucedió con la causa Macías. Y no hacía trascender hechos clave, como sucedió hace tres semanas, cuando le tomó declaración como imputado al intendente de esta capital, Domingo Amaya, por una causa de la época en que era secretario de Turismo. Hasta los otros fiscales se quejaron ante la Corte por la quietud de Gallo (sólo maneja 400 casos). Por eso, al alto tribunal no le costó bajarle la persiana, aunque no formalizará la decisión si en la Legislatura intimidan (a Gallo) con pedidos de juicio político.La desaparición de la Fiscalía no se debe a que Tucumán haya sido declarada zona libre de corrupción y reino triunfante de la transparencia, sino porque algunos diseñan -y desarman- instituciones, como antes traman sublemas.