Rechazan un planteo del PE por las maquinitas

Esta semana será de novedades en la causa presentada por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán para impedir la instalación de 1.000 máquinas tragamonedas en el Hipódromo. El expediente se tramita en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde se resolvería la continuidad o no del trámite.
La fiscal de Cámara, Elena Sangenis de Terraf, rechazó días pasados el planteo del Poder Ejecutivo para que se declare abstracta la causa. En su pronunciamiento, que no es vinculante, consideró que el Gobierno incurrió en desacato, al no haber cumplido una orden judicial de paralizar el proceso de habilitación de la sala de juegos.
La presentación del PE se sustentó en que el emprendimiento obtuvo, hace pocas semanas, el certificado de aptitud ambiental por parte del Consejo Provincial de Economía y Ambiente (en un pronunciamiento dividido). Este elemento fue mencionado como un hecho nuevo, pero fue cuestionado en sede administrativa por la Federación, que presentó un recurso de reconsideración el mes pasado ante ese cuerpo. Por aparte, también objetó una resolución de la Dirección de Medio Ambiente.

Gestiones continuadas
La fiscal consideró que el apto demuestra que la Provincia siguió con el trámite administrativo de este proyecto, pese a una disposición judicial en contrario, que había ordenado la suspensión de toda gestión en este sentido y de los efectos del decreto cuestionado. Entendió que no puede aceptarse el apto como un hecho nuevo, y lo calificó de totalmente improcedente.
Sangenis de Terraf destacó que no hubo ninguna presentación judicial de las partes involucradas para revertir la decisión tomada en los Tribunales. El objetivo de la demanda es que se anule el decreto del PE que autoriza la construcción de un centro de entretenimientos (con gran sala de juegos) en el Hipódromo.
La acción de amparo colectiva será resuelta por el presidente de la Sala II de la Cámara, Carlos Giovaniello, y por la integrante de la Sala III de ese cuerpo, Ebe López Piossek. Los magistrados integran especialmente el tribunal, ante la recusación del camarista Rodolfo Novillo.
El planteo cuestiona al impacto ambiental que tendría la ubicación de las tragamonedas en el parque 9 de Julio, en una construcción especial que sería levantada por la empresa patagónica Casino Club (en el marco de la inversión, prometió construir un Centro de Convenciones). Del expediente son partes el Jockey Club, la Caja Popular de Ahorros y la Provincia.
En tanto, en el Concejo Deliberante se estudian las miles de firmas en el pedido de ordenanza popular, para la sanción de una norma que prohíba la ampliación o la instalación de nuevas salas de juegos de azar.