Picardía o ingenuidad

Lo que parece fácil desde lo político puede ser imposible desde lo institucional. Esto es así en el caso de la pretensión del gobernador José Alperovich de que el proceso reformista avance sin ninguna traba legal por un consenso entre todos los poderes. El mandatario entiende que la Corte Suprema debería aconsejarlo para que las leyes que se van sancionando no sufran tropiezos en los tribunales.
Es decir, a su criterio, la Corte debería intervenir en la elaboración misma de las leyes para que estas no sufran inconvenientes legales. Esto es producto de su concepción de que la Justicia es un poder político -como lo dijo- y, por lo tanto, con el que se pueden consensuar proyectos.
Sin embargo, su aspiración está muy alejada de la institucionalidad. La Corte Suprema no es un órgano de asesoramiento legal del Poder Ejecutivo, ni puede funcionar como tal. Para eso, el Gobierno tiene sus asesores letrados o bien, a sus funcionarios políticos conocedores de esta materia.
Como se supone, si ocurriera lo que plantea el titular del PE, la Corte estaría preopinando sobre aspectos que luego estarían sometidos a su juzgamiento. En ese caso, qué garantías tendrían aquellos que se sientan afectados por la norma que se elabore de esa forma y que consideren que se está afectando sus derechos. Como bien se advierte desde la Justicia, esto provocaría el derrumbe del sistema. La Justicia no aconseja, controla.
Bien se podría preguntar con ironía, ¿quién asesora al gobernador para cuestionar lo que pretende? Pero la pregunta a hacerse es: ¿hay ingenuidad institucional o picardía política en el planteo de Alperovich, y en qué porcentajes? Si es lo primero, se debería concluir que le están fallando los asesores. Si es lo segundo, entonces debemos concluir que sigue con su intención de exponer a la Corte y, en especial a su presidente, accionando con aspiraciones políticas. Tal vez sea una mezcla de ambas.