Castellano le dio la razón al concejal de Yerba Buena, que pretende que la sección oeste tenga 15 representantes y no 11, como lo fija la Constitución
Recibió un fuerte espaldarazo el planteo por el cual el concejal de Yerba Buena, Alejandro Sangenis (hijo), exige la redistribución de las 40 bancas parlamentarias conforme al crecimiento demográfico de cada una de las tres secciones electorales. Aunque no es vinculante, el dictamen del fiscal de Cámara, Carlos Castellano, puede servir de guía para los vocales de la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que debe pronunciarse sobre el tema.
"Le asiste la razón (al edil del Movimiento Popular Tres Banderas), y se debe hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad", afirmó el fiscal. Precisamente, Sangenis (h) denunció a la Legislatura por mora y por omisión legislativa. Entiende que no ha cumplido con la imposición constitucional de adecuar la distribución de los escaños a los censos poblacionales que se registraron desde 1990, como establece el artículo 139 de la Carta Magna provincial.
Castellano reconoció, además, que el concejal tiene legitimidad para accionar, lo que le permite accionar en defensa de un interés propio o colectivo. El fiscal actuó en reemplazo de su par Elena Sangenis de Terraf, quien se excusó por ser tía del edil.
El sentido del fallo
El concejal pretendía frenar la convocatoria a convencionales que había realizado el Gobierno para el 23 de octubre, ya que el actual esquema de representación parlamentaria (18 representantes para la sección capital, 11 para el este, e igual número para el oeste) se aplicará para elegir a los reformadores de la Carta Magna. Como el llamado ya fue anulado por la Corte Suprema de Justicia, los vocales Ebe López Piossek y Enrique Guibert se inclinarían por declarar abstracto el requerimiento, pese al dictamen de Castellano.
Pese al futuro pronunciamiento de los camaristas, la decisión de Castellano podría tener un fuerte impacto. Nuevos planteos judiciales podrían tomarlo como precedente si es que el Poder Ejecutivo efectúa un nuevo llamado sin redistribuir previamente las bancas.
Sangenis (h) reclama que la sección oeste aumente de 11 a 15 el número de legisladores. Este aumento debería ser a costa de la capital (bajaría de 18 a 16) y del este (de 11 a 9).
Este asunto está siendo calurosamente debatido en la Legislatura, pero aún no existe ningún acuerdo por la negativa de los representantes del este. Sin embargo, algunos conjeturan que las últimas modificaciones realizadas a las normas que habían sido cuestionadas por la Corte habilitaron al Ejecutivo para que redistribuya los escaños de los convencionales.
Recibió un fuerte espaldarazo el planteo por el cual el concejal de Yerba Buena, Alejandro Sangenis (hijo), exige la redistribución de las 40 bancas parlamentarias conforme al crecimiento demográfico de cada una de las tres secciones electorales. Aunque no es vinculante, el dictamen del fiscal de Cámara, Carlos Castellano, puede servir de guía para los vocales de la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que debe pronunciarse sobre el tema.
"Le asiste la razón (al edil del Movimiento Popular Tres Banderas), y se debe hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad", afirmó el fiscal. Precisamente, Sangenis (h) denunció a la Legislatura por mora y por omisión legislativa. Entiende que no ha cumplido con la imposición constitucional de adecuar la distribución de los escaños a los censos poblacionales que se registraron desde 1990, como establece el artículo 139 de la Carta Magna provincial.
Castellano reconoció, además, que el concejal tiene legitimidad para accionar, lo que le permite accionar en defensa de un interés propio o colectivo. El fiscal actuó en reemplazo de su par Elena Sangenis de Terraf, quien se excusó por ser tía del edil.
El sentido del fallo
El concejal pretendía frenar la convocatoria a convencionales que había realizado el Gobierno para el 23 de octubre, ya que el actual esquema de representación parlamentaria (18 representantes para la sección capital, 11 para el este, e igual número para el oeste) se aplicará para elegir a los reformadores de la Carta Magna. Como el llamado ya fue anulado por la Corte Suprema de Justicia, los vocales Ebe López Piossek y Enrique Guibert se inclinarían por declarar abstracto el requerimiento, pese al dictamen de Castellano.
Pese al futuro pronunciamiento de los camaristas, la decisión de Castellano podría tener un fuerte impacto. Nuevos planteos judiciales podrían tomarlo como precedente si es que el Poder Ejecutivo efectúa un nuevo llamado sin redistribuir previamente las bancas.
Sangenis (h) reclama que la sección oeste aumente de 11 a 15 el número de legisladores. Este aumento debería ser a costa de la capital (bajaría de 18 a 16) y del este (de 11 a 9).
Este asunto está siendo calurosamente debatido en la Legislatura, pero aún no existe ningún acuerdo por la negativa de los representantes del este. Sin embargo, algunos conjeturan que las últimas modificaciones realizadas a las normas que habían sido cuestionadas por la Corte habilitaron al Ejecutivo para que redistribuya los escaños de los convencionales.
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