Admiten que podrían redistribuirse las bancas

El legislador Pedro Stordeur (Recrear) aseguró que la Legislatura no habilitó la posibilidad de modificar las tres secciones electorales, previstas por la Constitución de 1990. Admitió, sin embargo, que los cambios introducidos en las leyes objetadas por la Corte Suprema de Justicia abrirían la posibilidad de modificar la actual distribución de las bancas legislativas y de convencionales constituyentes.
"El artículo 2 de la ley por la que habilitamos la reforma parcial de la Carta Magna es contundente en este punto. La Convención Constituyente no está habilitada para tocar las tres secciones electorales. Es obvio que esto tampoco puede hacerse por una ley o por un decreto", recalcó.

Críticas del ARI
El ARI se sumó a los partidos que rechazan la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque a elecciones de constituyentes en febrero de 2006. En un comunicado de su mesa provincial, la agrupación que lidera la ex diputada Elisa Carrió, calificó de bravuconadas las reacciones del Gobierno y denunció un intento hegemónico para consolidar el poder en manos de unos pocos.

Piden la reestatización de los servicios públicos
Dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) reclamaron al Gobierno provincial que convoque a las organizaciones sociales y a los trabajadores a participar del debate por la reforma de la Constitución.Los referentes Marcelo Sánchez y Daniel Ibarra consideran que al gobernador, José Alperovich, sólo le importa obtener la reelección. "La reforma es totalmente innecesaria para solucionar los problemas de los sectores populares. La Constitución debe garantizar los derechos de los trabajadores, de los jóvenes y de los más pobres", enfatizaron.
Los dirigentes propusieron que en el debate sobre las modificaciones a la Carta Magna se incluya la reforma agraria. "Se tendría que definir a la tierra como un bien de trabajo, que debe ser entregado en parcelas al hombre de campo y a su familia. Pero el Gobierno está haciendo todo lo contrario, pues pretende regalar valiosas propiedades", expresaron. Finalmente, Ibarra y Sánchez instaron a que la nueva Constitución establezca con claridad que los servicios públicos sólo puedan ser prestados por empresas estatales o por cooperativas populares.