Volvieron a pedir el traslado de Bussi a esta provincia

El fiscal federal Emilio Ferrer volvió a solicitar que Antonio Bussi sea trasladado a Tucumán, desde Buenos Aires, para que pueda prestar declaración indagatoria por las 500 causas que se tramitan contra el ex gobernador (1995-1999) en la Justicia Federal.
El funcionario judicial concretó el requerimiento en el expediente por el cual es investigada la desaparición de Julio César Campopiano, ocurrida en 1976, cuando tenía 18 años y estudiaba en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán.
En el marco de la causa por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, sucedida en 1976, Bussi cumple arresto domiciliario en un country de Pilar (provincia de Buenos Aires), donde una de sus hijas posee una casa.
Ferrer lamentó que, invariablemente, "se haya obstaculizado el traslado a Tucumán invocando razones de salud (el militar retirado padece de problemas cardíacos)", tras lo cual criticó "los tortuosos trámites burocráticos que afectan a la Justicia".
"Como se trata de unas 500 cuasas, con las respectivas pruebas, para que Bussi pueda declarar en Buenos Aires, tendríamos que trasladar cientos de expedientes para que él pueda verlos antes de ejercer su derecho de defensa, cosa que sería imposible; debe volver a Tucumán", explicó Ferrer a la agencia Télam.
"Comparto absolutamente el pedido, porque Tucumán tiene lugares apropiados, para tratar a enfermos, con personal especializado, que pueden estar a disposión del detenido", aseguró el secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau.
El funcionario provincial precisó que "hoy Bussi está a 1.300 kilómetros y ni siquiera hay certidumbre acerca de dónde cumple el arresto domiciliario, porque el juez federal Jorge Urso (investiga al represor por la causa Cóndor) recibió un pedido (de la defensa) para que lo trasladen a otro domicilio".
"Al parecer, los Bussi ahora quieren que vuelva al departamento de avenida Libertador al 3300 (originariamente allí cumplía el arresto). A estas situaciones procesales, que generan incertidumbre, las desconocemos por la distancia", subrayó Lobo Bugeau.
La mayoría de las causas, que son impulsadas por Ferrer, fiscal federal número uno, fueron reabiertas luego de que el 15 de junio pasado el Congreso de la Nación dejara sin efecto las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que habían impedido que avanzaran los procesos contra represores.
Desde diciembre de 2003, Bussi está en Buenos Aires Federal, bajo arresto domiciliario por el secuestro y desaparición de Vargas Aignasse, razón por la que en abril renunció a la presidencia de Fuerza Republicana (FR), partido por el cual fue gobernador.
Pese a los numerosos pedidos de Ferrer, el juez federal Jorge Parache aún no dispuso cuándo se concretará el traslado de Bussi a Tucumán, para que declare en centenares de causas por violaciones a los derechos humanos durante el tiempo en que estuvo al frente de la Quinta Brigada de Infantería, entre 1976 y 1977.
Como militar, el ex gobernador estuvo al frente del Operativo Independencia (1975-1977), durante el cual fueron secuestrados miles de militantes políticos, según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Como Bussi fue arrestado y trasladado a Buenos Aires a fines de 2003, no pudo asumir como intendente de esta capital, cargo para el cual había sido electo durante los comicios de junio de 2003, en los cuales se impuso por sólo 17 votos al peronista Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del desaparecido.
En 1999, Bussi fue electo diputado nacional, pero no pudo asumir la banca, porque la Cámara Baja rechazó su diploma, por considerar que era inhábil moralmente para desempeñar aquella responsabilidad, por su actuación durante la dictadura militar y por haber negado que tenía cuentas bancarias en Suiza. (Télam)