El fallo de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual se anula el llamado a elegir convencionales para octubre, fue calificado por el profesor universitario Ramón Gamboa como una valiosa pieza de doctrina judicial en defensa de la supremacía de la Constitución.
El especialista consideró clave la distinción entre poderes constituyentes y poderes constituidos, lo que remarca la trascendencia de la Ley Fundamental. Así, es la propia Carta Magna, a través de la Corte, la que controla a los poderes del Estado que ella misma instituye. Destacó que la sentencia confirma la judiciabilidad de los actos emanados de las autoridades estatales, cuando se les reprocha la violación a disposiciones constitucionales; y que el control judicial no implica una invasión a otros poderes.
Independencia
Gamboa subrayó que la rigidez de la Constitución y el hecho de que la reforma se concrete a través de una convención convocada especialmente para ello, impiden que los poderes públicos afecten el contenido mínimo del texto de la Carta Magna.
"La independencia del Poder Judicial exige que se les reconozca a todos sus integrantes el espacio imprescindible para que puedan adoptar decisiones libremente, sin temor a reacción externa alguna", destacó.
Violación normativa
El profesor titular de Derecho Constitucional y Federal de la UNT defendió el criterio de que la elección de los convencionales debe realizarse repitiendo en un todo el procedimiento que se aplica para los legisladores, y sostuvo (al igual que el máximo tribunal) que los artículos derogados por la Legislatura la semana pasada transgredían las disposiciones vigentes.
Gamboa recordó que la misión de la Justicia no es determinar si una ley es oportuna o no, buena o mala, útil o inútil, sino únicamente verificar si es conforme o contraria a la Constitución.
"En la vida de los pueblos se producen situaciones de decaimiento, que deben ser eficazmente superadas con responsabilidad y razonabilidad, para restablecer la armonía circunstancialmente alterada", aseguró el constitucionalista. En ese contexto, cobra trascendencia la sentencia de la Corte.
El especialista consideró clave la distinción entre poderes constituyentes y poderes constituidos, lo que remarca la trascendencia de la Ley Fundamental. Así, es la propia Carta Magna, a través de la Corte, la que controla a los poderes del Estado que ella misma instituye. Destacó que la sentencia confirma la judiciabilidad de los actos emanados de las autoridades estatales, cuando se les reprocha la violación a disposiciones constitucionales; y que el control judicial no implica una invasión a otros poderes.
Independencia
Gamboa subrayó que la rigidez de la Constitución y el hecho de que la reforma se concrete a través de una convención convocada especialmente para ello, impiden que los poderes públicos afecten el contenido mínimo del texto de la Carta Magna.
"La independencia del Poder Judicial exige que se les reconozca a todos sus integrantes el espacio imprescindible para que puedan adoptar decisiones libremente, sin temor a reacción externa alguna", destacó.
Violación normativa
El profesor titular de Derecho Constitucional y Federal de la UNT defendió el criterio de que la elección de los convencionales debe realizarse repitiendo en un todo el procedimiento que se aplica para los legisladores, y sostuvo (al igual que el máximo tribunal) que los artículos derogados por la Legislatura la semana pasada transgredían las disposiciones vigentes.
Gamboa recordó que la misión de la Justicia no es determinar si una ley es oportuna o no, buena o mala, útil o inútil, sino únicamente verificar si es conforme o contraria a la Constitución.
"En la vida de los pueblos se producen situaciones de decaimiento, que deben ser eficazmente superadas con responsabilidad y razonabilidad, para restablecer la armonía circunstancialmente alterada", aseguró el constitucionalista. En ese contexto, cobra trascendencia la sentencia de la Corte.







