18 Septiembre 2005 Seguir en 
Con una ley que se aprobó recientemente, se intentará regular en la provincia la actividad de las empresas privadas de seguridad. Los integrantes de la cámara que nuclea a las empresas del sector ahora respiran aliviados. Según sus estadísticas, en territorio tucumano, existen alrededor de 1.000 vigilantes que no están habilitados para desarrollar esta tarea. Resta ahora que el Poder Ejecutivo promulgue la norma para que entre a regir.
Las 43 empresas que se dedican a brindar servicios de seguridad confirmaron que cuentan entre sus filas a por lo menos 2.000 hombres, a los que se suman unos 1.000 ilegales. "Son corporaciones dirigidas por personal de las fuerzas de seguridad que se encuentran en actividad. Con la reglamentación, nuestra función también será la de denunciar las irregularidades", aseguró Víctor Rubén Aráoz, presidente de la Cámara Tucumana de Empresas de Seguridad Privada e Investicaciones (Catesi).
El directivo también pidió a los ciudadanos que reflexionen antes de contratar este tipo de servicio. "El cliente es solidariamente responsable de lo que haga o deje de hacer el personal que contrató. Por eso, nuestra obligación es informarle los riesgos que corren al elegir una empresa ilegal", aclaró.
Los futuros vigilantes son preparados por especialistas contratados por la Cámara y evaluados por el cuerpo de docentes de la Escuela de la Policía de la provincia. "Se busca que tenga un proceso de transparencia. Nadie puede discutir que, con esta ley, nos transformamos en formadores de los vigilantes", señaló Aráoz.
Las empresas -según la nueva norma- además de cumplir tareas de vigilancia, podrán brindar custodias personales, realizar investigaciones y hacer seguimientos de individuos.
Las 43 empresas que se dedican a brindar servicios de seguridad confirmaron que cuentan entre sus filas a por lo menos 2.000 hombres, a los que se suman unos 1.000 ilegales. "Son corporaciones dirigidas por personal de las fuerzas de seguridad que se encuentran en actividad. Con la reglamentación, nuestra función también será la de denunciar las irregularidades", aseguró Víctor Rubén Aráoz, presidente de la Cámara Tucumana de Empresas de Seguridad Privada e Investicaciones (Catesi).
El directivo también pidió a los ciudadanos que reflexionen antes de contratar este tipo de servicio. "El cliente es solidariamente responsable de lo que haga o deje de hacer el personal que contrató. Por eso, nuestra obligación es informarle los riesgos que corren al elegir una empresa ilegal", aclaró.
Los futuros vigilantes son preparados por especialistas contratados por la Cámara y evaluados por el cuerpo de docentes de la Escuela de la Policía de la provincia. "Se busca que tenga un proceso de transparencia. Nadie puede discutir que, con esta ley, nos transformamos en formadores de los vigilantes", señaló Aráoz.
Las empresas -según la nueva norma- además de cumplir tareas de vigilancia, podrán brindar custodias personales, realizar investigaciones y hacer seguimientos de individuos.
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