Fueron expropiadas 400 hectáreas en 23 meses

El Gobierno destina los terrenos al plan de regularización dominial y al emplazamiento de viviendas. Requisitos.
Durante los primeros 23 meses de la actual gestión, la Legislatura dispuso la expropiación de más de 400 hectáreas que quedaron afectadas al plan de regularización dominial, destinado a sectores de escasos recursos.
Las expropiaciones se concretaron mediante 40 leyes, sancionadas casi todas a partir de proyectos impulsados por el bloque oficialista. Si bien en su mayoría se originaron en el Poder Ejecutivo, hubo casos en los que legisladores del justicialismo que presentaron sus propias iniciativas de expropiación, relacionadas con zonas en las cuales tienen incidencia política. Sólo excepcionalmente hubo planteos realizados desde sectores de la oposición. En el recinto, el voto afirmativo fue unánime.
Los predios son expropiados con dos destinos posibles. En algunos casos, se trató de terrenos en los cuales había ya ocupantes ilegales, a quienes se les da ahora la posibilidad de comprar el lote; pero la mayoría de los inmuebles tiene como fin la construcción de nuevas viviendas, para la reubicación de habitantes de escasos recursos. En el texto legal se dispone que se afecten a la regularización, erradicación y/o consolidación de los asentamientos o barrios de emergencia.

Exigencias a beneficiarios
Los beneficiarios deben acreditar tener constituido un núcleo familiar y no ser propietarios o adjudicatarios de otra casa. Cuando el caso persigue la regularización de ocupaciones existentes, los destinatarios pagan el costo total de la expropiación, y en algunos casos tienen prohibida la venta del inmueble hasta que no se haya cancelado la deuda. En el caso de barrios futuros, construidos por medio operatorias del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), se abona también el costo de la edificación.El valor de los terrenos es fijado por la comisión de Tasaciones de la Provincia, según la ubicación, el uso actual y el destino (varía considerablemente según las zonas y también si están libres de ocupantes) y se liquida con fondos del presupuesto asignado a Fiscalía de Estado. El volumen de expropiaciones realizadas ha encendido luces de alarma entre los bloques opositores. Incluso hubo conversaciones entre los legisladores, que pretenden frenar toda nueva ley al respecto mientras el Gobierno provincial no informe formalmente sobre la marcha de los procesos autorizados hasta el momento y respecto del costo que vienen generándole al Estado estos emprendimientos.