Dicen que es desesperado el intento reformista del Gobierno

La Federación de Entidades Profesionales de Tucumán (Feput) lamentó que el oficialismo no haya aceptado su convite para debatir sobre la reforma de la Constitución junto a distintos referentes de la oposición política. La ausencia de representantes del Gobierno en la charla organizada con motivo del Día del Profesional Universitario despertó también duras críticas por parte de los panelistas invitados.
Los legisladores Alejandro Sangenis (MTB) y Ernesto Padilla (FR), Osvaldo Cirnigliaro y el constitucionalista Raúl Martínez Aráoz lanzaron sus dardos contra las intenciones reformistas del Poder Ejecutivo. Los cuatro coincidieron en calificar de desesperados los intentos del gobernador, José Alperovich, de convocar a elecciones de constituyentes para enero y advirtieron que se profundizará la diferencia entre los políticos y la ciudadanía.
"Yo, que no impulsé la modificación de la Constitución, estoy aquí para dar mi opinión. Pero al Gobierno no le interesa discutir, porque no respeta la democracia. No le interesa el debate, le interesa la digitación", mencionó Cirnigliaro.
Antes, el geólogo Miguel Lencina García, dirigente de Feput que ofició de moderador del panel, había lamentado la ausencia oficialista. "Los invitamos, pero no tuvimos respuesta. Los extrañamos, porque su presencia es importante para debatir en democracia", señaló.

Responsabilidades
En el momento de debate, los expositores invitados por Feput reiteraron sus objeciones públicas a la decisión de reformar la Constitución. Padilla ratificó que Fuerza Republicana es antirreformista y sostuvo que ninguna cláusula del texto sancionado en 1990 es una traba para el desarrollo de la provincia. "Lo único que se busca es un diseño de poder que responda a los intereses del partido gobernante. Esto se ha hecho a espaldas de los tucumanos", se quejó el bussista.
Martínez Aráoz también objetó la urgencia con la que el Gobierno instaló el debate sobre la reforma de la Carta Magna. "Más que despertar interés, están haciendo que la gente tome distancia del proceso. Es muy difícil seguir lo que pasa con las leyes que se sancionan y luego son declaradas inconstitucionales. Alberdi decía que había que evitar las reformas, porque colocaban a la sociedad en un estado de crisis", señaló el ex intendente.Cirnigliaro, por su parte, aseguró que es una falta de respeto para el pueblo que el PE "manipule la reforma como lo está haciendo". "La actual Constitución establece que los funcionarios deben rendir cuentas de sus gastos, pero nadie lo hace. Cambiar el texto escrito no modifica la situación; lo único que puede beneficiar a la gente es que gobiernen bien. Riera decía, si gobernás bien te van a ir a buscar a tu casa para que vuelvas", afirmó.A su turno, Sangenis instó a los profesionales universitarios a comprometerse con este tipo de debate. "Tenemos más responsabilidad que aquellos que viven bajo la línea de pobreza para cambiar este estado de cosas. Hay un terrible océano de desconfianza en los ciudadanos. La democracia es legal, pero ilegítima", afirmó.

Objetan el trámite de la Legislatura
El ex legislador Víctor Arias aseveró que la derogación de los artículos de dos leyes que fueron objetados por la Corte Suprema de Justicia no despejó por completo el camino hacia una nueva convocatoria para elegir convencionales constituyentes. Por ello, adelantó que si no se profundiza el cambio legislativo hará una presentación contra el nuevo llamado a comicios.
"La Legislatura sólo derogó el articulado que la Corte declaró inconstitucional, pero esto no soluciona todos los problemas -puntualizó-. La legislación reformada aún presenta lagunas en cuanto al régimen electoral".Arias, cuyo planteo judicial (presentado en conjunto con Carlos Posse) motivó el fallo de la Corte, apuntó sus cuestionamientos especialmente contra la ley 7.536, norma que creó el régimen electoral que suplanta al de lemas.
"Aún rige un apartado en el que se detalla cuáles cargos serán sometidos a internas abiertas, y los de convencionales constituyentes no aparecen aquí -afirmó-. A la vez, se establece que los partidos políticos dispondrán de 90 días para adecuar sus cartas orgánicas, plazo que se extiende en este caso hasta diciembre. Pero el Gobierno, que anunció que llamará a votar en febrero, parece no tenerlo en cuenta".
Arias, además, manifestó su apoyo al proyecto del legislador Fernando Juri Debo, rechazado por la Legislatura el miércoles pasado. La iniciativa proponía dictar una nueva ley que habilitara la reforma de la Carta Magna, que incluyera la modificación de las tres secciones electorales. La alteración del mapa político está expresamente excluida de la modificación constitucional.
"Tal como está planteada, la reforma generará conflictos de distinta naturaleza respecto de las atribuciones de la Convención Constituyente", aseguró el ex parlamentario.
"Los que cambiarán el texto de la ley suprema están habilitados para modificar la representación parlamentaria y a pasar del actual régimen a uno de distribución departamental -afirmó-. Inclusive, pueden establecer un sistema mixto, que tenga en cuenta la población y el territorio. Sin embargo, al no estar facultados a modificar las secciones electorales, se verán constreñidos a la hora de ejercer esa facultad. Y eso derivará en problemas", señaló.