28 Julio 2002 Seguir en 
LOS "NOTABLES".- En el plano económico, la semana pasada la atención estuvo centrada en los resultados de las reuniones que mantuvieron el "Comité de Notables" (foto) con funcionarios locales y en la suerte del "Plan Pignanelli". Muy probablemente las recomendaciones que surgieron de dichas reuniones (que se conocerán el miércoles) serán más de lo mismo, aunque estas reuniones puedan acelerar los tiempos. Mejora las perspectivas de cualquier solución al corralito, el hecho de que el goteo se ha reducido sustancialmente en julio, pero queda pendiente el problema de los amparos que Duhalde intenta solucionar con un decreto de necesidad y urgencia. Por otra parte, el Presidente frenó una vez más el aumento de tarifas públicas.
EL TALON DE AQUILES.- El principal problema seguirá siendo político ? institucional y es allí probablemente donde recibirá mayores críticas el Gobierno por parte de "los notables". Esto se traduce en un desorden institucional y en una lucha de poderes. El ejemplo más claro recientemente es la pelea Lavagna - Pignanelli y la usurpación de poderes por parte del Ejecutivo (reflejado también en la escasa independencia del Poder Judicial, del BCRA, etc.)
FRENO A LOS AMPAROS.- Ante los escasos resultados obtenidos con la ley que frena el goteo del corralito y la necesidad de contener el goteo de depósitos por los amparos (en junio fueron de $1.000 millones y en julio podrían alcanzar los $1.500 millones), el Presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia que suspende por 120 días (hasta mediados de febrero de 2003) el pago a los ahorristas que ganen un recurso de amparo. Con esta medida, al menos, el Gobierno podría ganar tiempo para poder negociar la legitimación del corralito y del corralón ante la Corte Suprema, que estará sujeto a como se defina el juicio político contra sus miembros en la Cámara de Diputados.
UNA LEY MAS SEVERA.- Esta norma va más allá que la anterior Ley "tapón" dado que no sólo impide al juez ordenar la devolución del dinero por medio de una medida cautelar, sino que además le prohíbe hacerlo con la sentencia definitiva del juicio de amparo, cuyo trámite es más lento y complicado. En el decreto se harían las mismas excepciones que contemplaba la Ley "tapón" (ahorristas mayores de 75 años o los que tienen un grave problema de salud). Entre los fundamentos del decreto se admite que el freno de los amparos es conveniente "para entablar las negociaciones de la deuda externa pública argentina con acreedores privados y con los organismos internacionales".
BUSCANDO EL EQUILIBRIO.- Si este nuevo decreto tiene éxito, es claro que el BCRA tendrá muchas más chances de poder mantener estabilizado al dólar hasta fin de año y además ayudará al éxito de la eventual prórroga del canje de depósitos por bonos, que actualmente sería de alrededor del 24% a al menos el 30%. Es por ello que el Gobierno está revisando el Programa Monetario para lo que resta del año. El nuevo Programa Monetario prevería una menor necesidad de liquidez de parte de los bancos producto de la menor salida de depósitos por amparos. De este modo, se revisaría hacia abajo la pérdida de depósitos y se reduciría la asistencia financiera por medio de redescuentos del BCRA a los bancos. Esto disminuiría la oferta de pesos, lo cual le permitiría al BCRA poder intervenir con menos reservas en el mercado cambiario o tener que absorber menos pesos mediante la menor colocación de Letras del Banco Central.
PREVALECERIA EL GRADUALISMO.- El "Comité de Notables", que estuvo revisando los números del sistema financiero, seguramente presentará ante el FMI un informe más acorde a la propuesta de Pignanelli, de liberar el corralito, que a la propuesta de Lavagna, de seguir con el gradualismo. El plan del presidente del BCRA plantea liberar totalmente las cuentas transaccionales (corrientes y caja de ahorro) y ofrecer para los depósitos reprogramados un menú de efectivo y bonos, garantizados de manera conjunta por los bancos y el Estado. Este plan prevé que los ahorros reprogramados inferiores a U$S10.000 originarios puedan ser retirados en 6 meses. Los que van de U$S10.000 a U$S40.000 originarios puedan optar por un bono a cinco años en dólares (la parte 1.40 + CER estaría a cargo del banco y de la diferencia cambiaria se haría cargo el Estado mediante un bono) y los superiores a U$S40.000 por un bono a 10 años (el Estado absorbería también aquí la diferencia cambiaria).
OTRA TACHA PARA LAVAGNA.- En cuanto al reajuste de tarifas de servicios públicos, Duhalde anunció que primero deberá pasar por el Congreso y que luego se presentará en audiencias públicas con representantes de los usuarios y las empresas. De esta forma, Lavagna nuevamente quedó desautorizado por Duhalde y el reajuste se seguiría postergando. La nueva iniciativa del Gobierno se da en momentos en que avanzan los reclamos judiciales de las asociaciones de usuarios y crecen las presiones en el Congreso buscando participar en estas discusiones.
EL TALON DE AQUILES.- El principal problema seguirá siendo político ? institucional y es allí probablemente donde recibirá mayores críticas el Gobierno por parte de "los notables". Esto se traduce en un desorden institucional y en una lucha de poderes. El ejemplo más claro recientemente es la pelea Lavagna - Pignanelli y la usurpación de poderes por parte del Ejecutivo (reflejado también en la escasa independencia del Poder Judicial, del BCRA, etc.)
FRENO A LOS AMPAROS.- Ante los escasos resultados obtenidos con la ley que frena el goteo del corralito y la necesidad de contener el goteo de depósitos por los amparos (en junio fueron de $1.000 millones y en julio podrían alcanzar los $1.500 millones), el Presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia que suspende por 120 días (hasta mediados de febrero de 2003) el pago a los ahorristas que ganen un recurso de amparo. Con esta medida, al menos, el Gobierno podría ganar tiempo para poder negociar la legitimación del corralito y del corralón ante la Corte Suprema, que estará sujeto a como se defina el juicio político contra sus miembros en la Cámara de Diputados.
UNA LEY MAS SEVERA.- Esta norma va más allá que la anterior Ley "tapón" dado que no sólo impide al juez ordenar la devolución del dinero por medio de una medida cautelar, sino que además le prohíbe hacerlo con la sentencia definitiva del juicio de amparo, cuyo trámite es más lento y complicado. En el decreto se harían las mismas excepciones que contemplaba la Ley "tapón" (ahorristas mayores de 75 años o los que tienen un grave problema de salud). Entre los fundamentos del decreto se admite que el freno de los amparos es conveniente "para entablar las negociaciones de la deuda externa pública argentina con acreedores privados y con los organismos internacionales".
BUSCANDO EL EQUILIBRIO.- Si este nuevo decreto tiene éxito, es claro que el BCRA tendrá muchas más chances de poder mantener estabilizado al dólar hasta fin de año y además ayudará al éxito de la eventual prórroga del canje de depósitos por bonos, que actualmente sería de alrededor del 24% a al menos el 30%. Es por ello que el Gobierno está revisando el Programa Monetario para lo que resta del año. El nuevo Programa Monetario prevería una menor necesidad de liquidez de parte de los bancos producto de la menor salida de depósitos por amparos. De este modo, se revisaría hacia abajo la pérdida de depósitos y se reduciría la asistencia financiera por medio de redescuentos del BCRA a los bancos. Esto disminuiría la oferta de pesos, lo cual le permitiría al BCRA poder intervenir con menos reservas en el mercado cambiario o tener que absorber menos pesos mediante la menor colocación de Letras del Banco Central.
PREVALECERIA EL GRADUALISMO.- El "Comité de Notables", que estuvo revisando los números del sistema financiero, seguramente presentará ante el FMI un informe más acorde a la propuesta de Pignanelli, de liberar el corralito, que a la propuesta de Lavagna, de seguir con el gradualismo. El plan del presidente del BCRA plantea liberar totalmente las cuentas transaccionales (corrientes y caja de ahorro) y ofrecer para los depósitos reprogramados un menú de efectivo y bonos, garantizados de manera conjunta por los bancos y el Estado. Este plan prevé que los ahorros reprogramados inferiores a U$S10.000 originarios puedan ser retirados en 6 meses. Los que van de U$S10.000 a U$S40.000 originarios puedan optar por un bono a cinco años en dólares (la parte 1.40 + CER estaría a cargo del banco y de la diferencia cambiaria se haría cargo el Estado mediante un bono) y los superiores a U$S40.000 por un bono a 10 años (el Estado absorbería también aquí la diferencia cambiaria).
OTRA TACHA PARA LAVAGNA.- En cuanto al reajuste de tarifas de servicios públicos, Duhalde anunció que primero deberá pasar por el Congreso y que luego se presentará en audiencias públicas con representantes de los usuarios y las empresas. De esta forma, Lavagna nuevamente quedó desautorizado por Duhalde y el reajuste se seguiría postergando. La nueva iniciativa del Gobierno se da en momentos en que avanzan los reclamos judiciales de las asociaciones de usuarios y crecen las presiones en el Congreso buscando participar en estas discusiones.
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