El 11 de agosto de 2004, el gobernador de Misiones, Carlos Eduardo Rovira (PJ), llamó a elección simultánea de autoridades provinciales y de legisladores nacionales para el 30 de enero de 2005. Pero la Cámara Nacional Electoral se lo impidió, aunque no por la época del año que había elegido, sino por considerar que el decreto no respondía a los criterios de razonabilidad y de discrecionalidad.
Rovira quería que los electos durante enero reemplazaran a aquellos cuyos mandatos iban a caducar el 10 de diciembre de 2004. Entonces, convocó a internas para el 14 de noviembre. Pero el opositor Movimiento de Acción dedujo una acción de nulidad ante la Justicia Federal. El Gobierno, al contestar la demanda, la rechazó por entender que era de competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En primera instancia, Rovira sufrió un duro revés. El juez con competencia electoral rechazó la excepción de incompetencia e hizo lugar al pedido de nulidad. "La fecha de las elecciones ha sido fijada en diez meses y once días antes de la asunción de quienes resulten electos, cuando es costumbre inveterada que los comicios se realicen dentro de los 90 días previos a ese acontecimiento", afirmó el magistrado.
Otro revés
Rovira recurrió la resolución e insistió en que la Corte tenía competencia en el caso. No obstante, el 30 de setiembre de 2004, la Cámara Nacional Electoral confirmó la decisión. "La facultad discrecional del PE de fijar la fecha de una elección no lo exime del cumplimiento del principio de la razonabilidad", aseveró.
El tribunal insistió en la necesidad de que los actos administrativos no sean ilógicos ni incoherentes. "Es, precisamente, la legitimidad el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado", concluyó.
Rovira quería que los electos durante enero reemplazaran a aquellos cuyos mandatos iban a caducar el 10 de diciembre de 2004. Entonces, convocó a internas para el 14 de noviembre. Pero el opositor Movimiento de Acción dedujo una acción de nulidad ante la Justicia Federal. El Gobierno, al contestar la demanda, la rechazó por entender que era de competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En primera instancia, Rovira sufrió un duro revés. El juez con competencia electoral rechazó la excepción de incompetencia e hizo lugar al pedido de nulidad. "La fecha de las elecciones ha sido fijada en diez meses y once días antes de la asunción de quienes resulten electos, cuando es costumbre inveterada que los comicios se realicen dentro de los 90 días previos a ese acontecimiento", afirmó el magistrado.
Otro revés
Rovira recurrió la resolución e insistió en que la Corte tenía competencia en el caso. No obstante, el 30 de setiembre de 2004, la Cámara Nacional Electoral confirmó la decisión. "La facultad discrecional del PE de fijar la fecha de una elección no lo exime del cumplimiento del principio de la razonabilidad", aseveró.
El tribunal insistió en la necesidad de que los actos administrativos no sean ilógicos ni incoherentes. "Es, precisamente, la legitimidad el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado", concluyó.
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