La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó el incidente de nulidad planteado por el abogado Antonio Juez Pérez (h), en representación de una veintena de empleados judiciales. Estos habían impugnado las planillas judiciales que establecieron las diferencias salariales adeudadas por el Estado, en un juicio que se inició en 1988.
La resolución tendrá consecuencias políticas, porque a principios de junio la Legislatura solicitó a la Fiscalía de Estado que accione contra el ex edil republicano Ernesto Padilla. A este, en una sesión de la Cámara, el legislador Gustavo Rojas Alcorta (ex FR) lo acusó de no haber rendido cuenta a sus clientes (los empleados judiciales) del tercer y cuarto pago (por las diferencias salariales adeudadas por el Estado) efectuado a su nombre.
En junio pasado, ante LA GACETA Juez Pérez (h) se adhirió a la tesis de Rojas Alcorta, al afirmar que la rendición estaba pendiente. Padilla se defendió diciendo que la propia Fiscalía de Estado le había dado la razón en sede judicial.
Los camaristas Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo aclararon que no pueden modificarse resoluciones de 1992 -en ese año Padilla se alejó de la causa-, como pretendía Juez Pérez (h).
"Las planillas de liquidación que confeccionaron los demandantes, visadas por la secretaría administrativa de la Corte Suprema, no pueden ser revisadas por ningún motivo. La aprobación de ellas (...) adquirió la fuerza de la cosa juzgada material", manifestaron. "Los actores no sólo conocieron desde muchos años antes las irregularidades que señalan (aun suponiendo que lo fueran), sino que intervinieron en todo el procedimiento que concluyó con las resoluciones que ahora pretenden nulas", agregaron.
La resolución tendrá consecuencias políticas, porque a principios de junio la Legislatura solicitó a la Fiscalía de Estado que accione contra el ex edil republicano Ernesto Padilla. A este, en una sesión de la Cámara, el legislador Gustavo Rojas Alcorta (ex FR) lo acusó de no haber rendido cuenta a sus clientes (los empleados judiciales) del tercer y cuarto pago (por las diferencias salariales adeudadas por el Estado) efectuado a su nombre.
En junio pasado, ante LA GACETA Juez Pérez (h) se adhirió a la tesis de Rojas Alcorta, al afirmar que la rendición estaba pendiente. Padilla se defendió diciendo que la propia Fiscalía de Estado le había dado la razón en sede judicial.
Los camaristas Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo aclararon que no pueden modificarse resoluciones de 1992 -en ese año Padilla se alejó de la causa-, como pretendía Juez Pérez (h).
"Las planillas de liquidación que confeccionaron los demandantes, visadas por la secretaría administrativa de la Corte Suprema, no pueden ser revisadas por ningún motivo. La aprobación de ellas (...) adquirió la fuerza de la cosa juzgada material", manifestaron. "Los actores no sólo conocieron desde muchos años antes las irregularidades que señalan (aun suponiendo que lo fueran), sino que intervinieron en todo el procedimiento que concluyó con las resoluciones que ahora pretenden nulas", agregaron.
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