Polémica por el uso de la publicidad oficial antes del 23 de octubre

Los partidos políticos y los frentes electorales de Tucumán están habilitados desde el martes pasado para realizar su campaña proselitista con miras a la elección de diputados nacionales del 23 de octubre.
La única limitación vigente para difundir propuestas o candidaturas está referida al uso de los medios televisivos, radiales y gráficos, posibilidad que estará habilitada desde el 21 de setiembre.
En las leyes electorales provinciales no hay mayores limitaciones para realizar actividad proselitista.
Sin embargo, el edil José Luis Avignone (UCR) advirtió que la decisión de unificar la votación de los diputados con la de los convencionales, obliga a respetar las pautas fijadas por el Código Electoral Nacional.
Avignone envió una nota al intendente Domingo Amaya en la que le advirtió que podría estar cometiendo un delito electoral al difundir por distintos medios la actividad que realiza en el municipio.
El radical recordó que la normativa vigente establece que, durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos.
"Al ser usted candidato a convencional constituyente por el PJ debería estar al tanto de que los funcionarios que consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida, serán pasibles de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos", menciona la nota que está en el despacho de Amaya desde el último jueves.

Definición de candidaturas
El calendario electoral prevé como próxima fecha clave para la actividad política el 3 de setiembre, cuando deben presentarse las candidaturas a diputados nacionales. Ese mismo día, vencerá el término para elevar las listas de postulantes a constituyentes en la Junta Electoral Provincial (JEP).
Desde el 9 de setiembre, cuando la JEP debería comunicar las nóminas de todos los partidos inscriptos a su par nacional, el cronograma se unificaría con el proceso de diputados. Todo está atado a un eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia, sobre las elecciones de constituyentes.