El fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, está dispuesto a determinar si la planta de Pacará Pintado está colapsada y si genera contaminación ambiental por el depósito de basura a cielo abierto. Con esa premisa, se realizó ayer un allanamiento en el predio, que recibe más de 600 toneladas de residuos por día, que incluyen a los municipios de San Miguel de Tucumán, Las Talitas, Banda del Río Salí y Yerba Buena.
Un equipo técnico de la Policía de Tucumán ingresó a la planta por una orden de allanamiento que había solicitado Gallo y que fue autorizada por la jueza de Instrucción de la II Nominación, Emma de Nucci.
"A partir de las denuncias de supuestas irregularidades sobre el depósito de los residuos, la idea es analizar si esa basura está debidamente tratada o si existe riesgo de contaminación, sobre todo por la cercanía del río Salí", explicó ayer a LA GACETA el fiscal anticorrupción.
Tomas fotográficas
La tarea de inspección estuvo a cargo de un grupo de ingenieros de la Policía provincial, quienes efectuaron tomas fotográficas y estudios de planimetría sobre el terreno. Este mismo equipo ya hizo un trabajo similar respecto de las usurpaciones denunciadas en la zona del dique El Cadillal.Gallo detalló que había una causa judicial abierta por la que ya ha solicitado informes en distintas áreas a fin de determinar la veracidad de las denuncias de los vecinos de Pacará Pintado.El contrato de la capital con Pacará Pintado se firmó, en octubre de 2004, por dos años, a un costo de $ 270.000 mensuales. En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo había advertido que la planta iba a colapsar en cuatro meses (junio pasado).En base al allanamiento realizado ayer, el fiscal Gallo anunció que los resultados de la investigación estarán en los próximos días.
Un equipo técnico de la Policía de Tucumán ingresó a la planta por una orden de allanamiento que había solicitado Gallo y que fue autorizada por la jueza de Instrucción de la II Nominación, Emma de Nucci.
"A partir de las denuncias de supuestas irregularidades sobre el depósito de los residuos, la idea es analizar si esa basura está debidamente tratada o si existe riesgo de contaminación, sobre todo por la cercanía del río Salí", explicó ayer a LA GACETA el fiscal anticorrupción.
Tomas fotográficas
La tarea de inspección estuvo a cargo de un grupo de ingenieros de la Policía provincial, quienes efectuaron tomas fotográficas y estudios de planimetría sobre el terreno. Este mismo equipo ya hizo un trabajo similar respecto de las usurpaciones denunciadas en la zona del dique El Cadillal.Gallo detalló que había una causa judicial abierta por la que ya ha solicitado informes en distintas áreas a fin de determinar la veracidad de las denuncias de los vecinos de Pacará Pintado.El contrato de la capital con Pacará Pintado se firmó, en octubre de 2004, por dos años, a un costo de $ 270.000 mensuales. En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo había advertido que la planta iba a colapsar en cuatro meses (junio pasado).En base al allanamiento realizado ayer, el fiscal Gallo anunció que los resultados de la investigación estarán en los próximos días.







