El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, considera que la sociedad argentina ha comenzado a dejar atrás la pasividad y hoy reclama más para hacer valer sus derechos. Entiende, no obstante, que, para lograr una mayor independencia y legitimidad, todas las defensorías del pueblo provinciales deberían obtener rango constitucional. "Vamos a bregar para que la figura del ombudsman en Tucumán, si es que se lleva adelante la reforma, sea incluida en la Constitución", adelantó.
En diálogo con LA GACETA, el funcionario reconoció que la función de contralor de los poderes del Estado acarrea un sinfín de inconvenientes. "Siempre hay dolores de cabeza, porque normalmente al poder administrador no le gusta que lo controlen. Y si además ese control es imparcial, con más razón se enojan", expresó.
Mondino enfatizó que, tras 10 años de funcionamiento, es necesario que la figura del ombudsman obtenga una mayor jerarquía legal en todo el país. "Para que funcione adecuadamente y no sea sólo un elemento de persuasión hacia los gobiernos, requiere de un poder institucional importante. Y ese poder se lo consigue con el rango constitucional. Su inclusión en la Carta Magna le da autoridad, le da independencia y también la legitimación procesal con la cual puede recurrir a la Justicia para reclamar por derechos colectivos vulnerados", dijo.
El defensor del pueblo de la Nación, en tanto, consideró que las jornadas académicas que se desarrollan en Tucumán y que convocaron a los ombudsman de distintas provincias sirven para insertar aún más en la sociedad la función de este organismo de contralor. "La sociedad argentina comprendió, hace un tiempo, la necesidad de reclamar y de hacer valer sus derechos. Durante mucho tiempo, hubo una cultura de la ?no queja?. Pero la crisis de 2001 fue un disparador y, hoy, la gente está más atenta y reclama más. A veces no usa los instrumentos que tiene y no busca los caminos adecuados. Pero hay una mayor participación, aunque estamos lejos de los niveles de otros países", sostuvo.
Contra la Nación
Mondino criticó los procesos de renegociación de contratos iniciados por el Gobierno nacional con las concesionarias de servicios públicos. "Hay un marco sumamente conflictivo", afirmó.
"Al poner tanto énfasis en que las empresas renuncien a los juicios entablados en tribunales internacionales -prosiguió-, se están repitiendo esquemas con dificultades para los usuarios. No se están revirtiendo los ejes centrales de los fracasos de los modelos privatizadores de los 90".
En diálogo con LA GACETA, el funcionario reconoció que la función de contralor de los poderes del Estado acarrea un sinfín de inconvenientes. "Siempre hay dolores de cabeza, porque normalmente al poder administrador no le gusta que lo controlen. Y si además ese control es imparcial, con más razón se enojan", expresó.
Mondino enfatizó que, tras 10 años de funcionamiento, es necesario que la figura del ombudsman obtenga una mayor jerarquía legal en todo el país. "Para que funcione adecuadamente y no sea sólo un elemento de persuasión hacia los gobiernos, requiere de un poder institucional importante. Y ese poder se lo consigue con el rango constitucional. Su inclusión en la Carta Magna le da autoridad, le da independencia y también la legitimación procesal con la cual puede recurrir a la Justicia para reclamar por derechos colectivos vulnerados", dijo.
El defensor del pueblo de la Nación, en tanto, consideró que las jornadas académicas que se desarrollan en Tucumán y que convocaron a los ombudsman de distintas provincias sirven para insertar aún más en la sociedad la función de este organismo de contralor. "La sociedad argentina comprendió, hace un tiempo, la necesidad de reclamar y de hacer valer sus derechos. Durante mucho tiempo, hubo una cultura de la ?no queja?. Pero la crisis de 2001 fue un disparador y, hoy, la gente está más atenta y reclama más. A veces no usa los instrumentos que tiene y no busca los caminos adecuados. Pero hay una mayor participación, aunque estamos lejos de los niveles de otros países", sostuvo.
Contra la Nación
Mondino criticó los procesos de renegociación de contratos iniciados por el Gobierno nacional con las concesionarias de servicios públicos. "Hay un marco sumamente conflictivo", afirmó.
"Al poner tanto énfasis en que las empresas renuncien a los juicios entablados en tribunales internacionales -prosiguió-, se están repitiendo esquemas con dificultades para los usuarios. No se están revirtiendo los ejes centrales de los fracasos de los modelos privatizadores de los 90".







