Las denuncias públicas y acusaciones cruzadas sobre hechos potencialmente dolosos en Bella Vista tomaron ayer estado judicial.
El fiscal anticorrupción Pedro Gallo abrió una investigación para determinar si hubo daño patrimonial al erario en la administración del municipio, cuyo Concejo Deliberante fue intervenido por el Poder Ejecutivo el martes.
Gallo sólo tiene competencia específica para actuar si hay sospecha de que se produjo un perjuicio a los fondos del Estado, sea provincial o municipal. En caso de que se detecte otro posible delito, deberá pasar el expediente a un fiscal provincial ordinario o a un fiscal federal, si es por causas vinculadas a drogas.
Las actuaciones realizadas son para recabar datos y pruebas mediantes pedidos de informes remitidos a la Contaduría General de la Provincia, que sería la encargada del seguimiento de las finanzas.
Los motivos
Además, Gallo remitió un escrito al secretario de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales, Sergio Mansilla, para que le explique los motivos de la intervención.
Esas razones están detalladas en el decreto de necesidad y urgencia firmado por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y que ahora está en análisis parlamentario. La Legislatura se reuniría el jueves para ratificar esta norma y dejarla firme.
Gallo descartó consultar al Tribunal de Cuentas sobre el manejo administrativo y financiero del municipio, porque no forma parte del área de acción del organismo. En el interior, el control de la tarea de los intendentes está a cargo de los concejales.
El fiscal anticorrupción Pedro Gallo abrió una investigación para determinar si hubo daño patrimonial al erario en la administración del municipio, cuyo Concejo Deliberante fue intervenido por el Poder Ejecutivo el martes.
Gallo sólo tiene competencia específica para actuar si hay sospecha de que se produjo un perjuicio a los fondos del Estado, sea provincial o municipal. En caso de que se detecte otro posible delito, deberá pasar el expediente a un fiscal provincial ordinario o a un fiscal federal, si es por causas vinculadas a drogas.
Las actuaciones realizadas son para recabar datos y pruebas mediantes pedidos de informes remitidos a la Contaduría General de la Provincia, que sería la encargada del seguimiento de las finanzas.
Los motivos
Además, Gallo remitió un escrito al secretario de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales, Sergio Mansilla, para que le explique los motivos de la intervención.
Esas razones están detalladas en el decreto de necesidad y urgencia firmado por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y que ahora está en análisis parlamentario. La Legislatura se reuniría el jueves para ratificar esta norma y dejarla firme.
Gallo descartó consultar al Tribunal de Cuentas sobre el manejo administrativo y financiero del municipio, porque no forma parte del área de acción del organismo. En el interior, el control de la tarea de los intendentes está a cargo de los concejales.
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