Durante más de dos horas, personal del Juzgado Federal a cargo de Jorge Parache, de la AFIP-DGI y de la Gendarmería Nacional allanaron ayer las oficinas de la inmobiliaria Schilman, en Marcos Paz y Rivadavia. El operativo concluyó con el secuestro de una caja llena de papeles sobre el movimiento empresario que tuvo la avícola Sebynor, contratada por el Poder Ejecutivo provincial para la provisión de huevos destinados a los centros de atención primaria de la salud (CAPS).
Ninguno de los protagonistas quiso hablar con la prensa. Fueron testigos un cerrajero particular y un vendedor callejero de espárragos y ristras de ajo. La única voz oficial fue la del abogado Mario Racedo, representante de Sebastián Schilman, accionista hasta abril pasado de la avícola. En ese mes, la firma cambió su domicilio legal de ese lugar, a Italia 355. Al mismo tiempo, Schilman vendió sus acciones a Mario Alberto Toledano, quien quedó como único socio de la fundadora de Sebynor, Nora Alicia Ramos.
La medida judicial fue dispuesta tras un pedido del titular de la junta departamental capital del PJ, Enrique Romero, quien denunció la compra de docenas de huevos en marzo pasado con sobreprecios cercanos al 100%, para atender planes alimentarios. El allanamiento había sido solicitado por el fiscal federal Emilio Ferrer, como parte de la causa abierta tras el hallazgo de toneladas de alimento en mal estado en una finca de Burruyacu.
Documentación inservible
Según Racedo, la documentación sobre Sebynor, retirada de la inmobiliaria, "es inservible y fuera de todo uso respecto del actual giro de la empresa, ni de la actividad posterior a que Schilman vendió su parte societaria".
El abogado resaltó que su cliente transfirió sus acciones en forma simultánea a la venta de huevos al Estado y que ahora está desvinculado del tema. Reconoció, además, que no tuvo acceso al expediente del Juzgado Federal.
En un escrito presentado la semana pasada a Parache, Schilman se puso a disposición del magistrado; defendió su buen nombre y el de su familia, y destacó que cuando él era parte de la firma avícola, habían ganado una licitación pública para venderle huevos al Gobierno, por ser la mejor oferta. "Aquel relacionamiento tuvo luego continuidad bajo modalidades que ignoro, porque ya había cedido mi participación social y cesado por completo en la gestión comercial", sostuvo en su presentación.
Los huevos son los productos frescos que el Gobierno debe entregar en el marco del Programa Focalizado de Asistencia Nutricional. Así lo acordó con la Nación, que financia la asistencia para 36.000 menores de 14 años desnutridos, y embarazadas en esa situación, mediante el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
Ninguno de los protagonistas quiso hablar con la prensa. Fueron testigos un cerrajero particular y un vendedor callejero de espárragos y ristras de ajo. La única voz oficial fue la del abogado Mario Racedo, representante de Sebastián Schilman, accionista hasta abril pasado de la avícola. En ese mes, la firma cambió su domicilio legal de ese lugar, a Italia 355. Al mismo tiempo, Schilman vendió sus acciones a Mario Alberto Toledano, quien quedó como único socio de la fundadora de Sebynor, Nora Alicia Ramos.
La medida judicial fue dispuesta tras un pedido del titular de la junta departamental capital del PJ, Enrique Romero, quien denunció la compra de docenas de huevos en marzo pasado con sobreprecios cercanos al 100%, para atender planes alimentarios. El allanamiento había sido solicitado por el fiscal federal Emilio Ferrer, como parte de la causa abierta tras el hallazgo de toneladas de alimento en mal estado en una finca de Burruyacu.
Documentación inservible
Según Racedo, la documentación sobre Sebynor, retirada de la inmobiliaria, "es inservible y fuera de todo uso respecto del actual giro de la empresa, ni de la actividad posterior a que Schilman vendió su parte societaria".
El abogado resaltó que su cliente transfirió sus acciones en forma simultánea a la venta de huevos al Estado y que ahora está desvinculado del tema. Reconoció, además, que no tuvo acceso al expediente del Juzgado Federal.
En un escrito presentado la semana pasada a Parache, Schilman se puso a disposición del magistrado; defendió su buen nombre y el de su familia, y destacó que cuando él era parte de la firma avícola, habían ganado una licitación pública para venderle huevos al Gobierno, por ser la mejor oferta. "Aquel relacionamiento tuvo luego continuidad bajo modalidades que ignoro, porque ya había cedido mi participación social y cesado por completo en la gestión comercial", sostuvo en su presentación.
Los huevos son los productos frescos que el Gobierno debe entregar en el marco del Programa Focalizado de Asistencia Nutricional. Así lo acordó con la Nación, que financia la asistencia para 36.000 menores de 14 años desnutridos, y embarazadas en esa situación, mediante el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.







