Bella Vista se convirtió ayer en el primer municipio intervenido en el marco de la nueva ley que regla la potestad del Poder Ejecutivo provincial para suspender los mandatos de los representantes vecinales.
La legislación vigente establece que toda intervención a una municipalidad o a una comuna rural deberá ser avalada por la Legislatura, con un mínimo de 21 votos. Y fija que sólo podrá disponerse mediante un decreto de necesidad y urgencia si la Cámara se encuentra en receso.
Estos requisitos fueron fijados en la sesión del 3 de octubre de 2003 por los parlamentarios de la pasada gestión, a 25 días de cesar en sus cargos. Formó parte de un paquete de leyes requeridas por José Alperovich, quien en esa fecha era gobernador electo. Esa ley, de hecho, redujo el número de votos legislativos necesarios para dejar firme este tipo de medida del Poder Ejecutivo: antes de su sanción, se necesitaba de la voluntad de 27 legisladores para sancionar una intervención, total o parcial.
Esta elevada exigencia fue pautada también por la anterior composición legislativa. Ocurrió luego de que el entonces gobernador, Julio Miranda, decretara la intervención total de Yerba Buena. El ex mandatario dispuso la intervención el 19 de mayo de 2000, cuando depuso al intendente bussista Augusto Paz y a los 12 ediles. Al día siguiente, asumió Jorge Lobo Aragón como interventor. En ese momento, la Casa de Gobierno podía interrumpir los mandatos de delegados comunales, jefes municipales y concejales sin que mediara aval del Poder Legislativo.
Cercano precedente
La disposición que fijaba que sólo la mayoría absoluta de la Cámara podía ratificar la interrupción de una administración vecinal, nunca llegó a usarse.
En contraposición, la normativa que rige actualmente ya frenó una intervención dispuesta por Alperovich. Se trata de la que dispuso contra la comuna rural de Santa Rosa de Leales y Laguna Blanca, apenas asumió el cargo de gobernador.
En la última sesión de 2003, la Legislatura rechazó el decreto del Gobierno. En esa oportunidad, se habilitó al PE a nombrar a un comisionado rural interino, cargo que recayó en el abogado José Alberto León.
