La comisión de Juicio Político de la Legislatura decidió archivar, sin trámite, los dos pedidos de destitución que pesaban sobre el gobernador José Alperovich por el escándalo desatado por el hallazgo de comida en mal estado. El voto de los ocho justicialistas que integran el órgano parlamentario fue clave a la hora de la adopción de una resolución, para la que bastaron sólo 10 minutos de deliberación.
Sisto Terán, Roberto Castro, Raúl Hadla, Héctor Salomón, Oscar Godoy, Alberto Leal, Daniel Herrera y Sergio Miranda, sostuvieron que no hay elementos para avanzar con el juicio político en contra de Alperovich. Según los oficialistas, no se demostró que el titular del PE haya participado de los hechos que tomaron estado público. Sostiene también que esos hechos no presentan la gravedad institucional que justifique avanzar con el enjuiciamiento al funcionario.
Los opositores de la comisión votaron por el traslado de las demandas impulsadas por Fuerza Republicana y por el Frente Cívico y Social. Los bussistas Carlos Canevaro y José Costanzo aseguraron que la decisión adoptada impedirá conocer la verdad.
El radical Juan Roberto Robles calificó de irresponsable la actitud de los oficialistas, y Pedro Stordeur, de Recrear, afirmó que el archivo del pedido “cierra el pacto de impunidad que se abrió con la visita de Beatriz Mirkin a la comisión de Legislación Social”.
Terán aseguró que las presentaciones estaban politizadas. “Hay una investigación judicial abierta y allí es donde deberán determinarse las responsabilidades por lo que pasó. El gobernador no tuvo participación en el hecho y despidió a los funcionarios involucrados”, señaló.
Objetan uno de los productos de los bolsones del PE
Los problemas con la mercadería de los planes sociales no se reducen sólo a las 16 toneladas de comida que se descompusieron en el depósito de la Secretaría General de Políticas Sociales. Informes de organismos del Estado dan cuenta de que uno de los productos de los módulos alimentarios no era entregado según lo establecido por el Código Alimentario ni de acuerdo con las condiciones pautadas en la compra. Por esa razón, hace poco más de 15 días dejó de ser incluido en los bolsones estatales.
El alimento en cuestión es la mermelada de zapallo “Caroyense”. El pliego del cotejo de precios (10/05) para adquirir esa mercadería, fijó que el producto debía entregarse en potes. Sin embargo, fue distribuido en unidades de 500 gramos envasadas en sachet, según el expediente “9546/420-PS-05”, del 22 de julio pasado. Un monitoreo de la Dirección de Políticas Sociales detectó que esto ocurrió en el CAPS de Villa Amalia y en seis CACS de la capital, entre el 20 y el 21 de ese mes. La mercadería corresponde al Programa Focalizado de Rehabilitación Nutricional, que asiste a 36.000 menores de 14 años y a embarazadas con algún nivel de desnutrición.
El pasado martes 2, la Dirección de Bromatología del Siprosa informó, tras un análisis físico y químico, que el producto contravenía normas del código Alimentario por su bajo contenido en sólidos solubles. Se indicó que también chocaba contra normas del Mercosur dado que, en los envases, la fecha de vencimiento y el número del lote eran ilegibles. Tampoco correspondía, según este informe, que llevara la leyenda “producto natural”.
En virtud de estos informes, la secretaria general de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin, pidió al distribuidor del producto que deje de incluirlo en los módulos con los que proveía al Estado. La nota en la cual la funcionaria reconoce que el pliego del cotejo de precios exigía potes en lugar de sachets para la mermelada, tiene fecha del pasado viernes 5.
En favor de una requisa de Szachniuk
El interventor del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de la capital, Roberto Della Rocca, defendió la actuación del fiscal municipal, Leonardo Szachniuk, al retirar la documentación de esa repartición.
El viernes Szachniuk llegó imprevistamente al Tribunal de Faltas en compañía de una escribana y de dos auditores. Luego de la requisa, que duró casi tres horas, se retiró con documentación sobre las causas que se tramitan en ese órgano. “El control debiera ser una forma de vida en la administración pública”, afirmó ayer el interventor del Tribunal de Faltas, Roberto Della Rocca.
“No hay persecución, ni nada que se le parezca. Por eso no hubo ningún impedimento ni mío, ni del personal para que efectúe esa tarea”, remarcó.
