Hasta ayer, no había denuncia alguna presentada en la Justicia o en la Junta Electoral Provincial (JEP) referida a la interna abierta realizada en Banda del Río Salí. Tampoco se había abierto actuación alguna en relación a la posible comisión de algún delito previsto en las leyes electorales, pese a que el voto cadena y la entrega de bolsones (sería una eventual compra de voluntades) fueron moneda corriente en la puja entre los candidatos del PJ.
El presidente de la JEP y de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, aclaró que le corresponde actuar al fiscal (de turno está Arnoldo Suasnabar, de la VII Nominación) en caso de planteo o de oficio por sospechas de algún ilícito. Destacó que la única presentación fue de Enrique Romero, el viernes pasado, con una denuncia sobre la existencia de mercadería en una casa particular. “Tener bolsones no parece ser un delito electoral, en un principio, pero no son buenas noticias que haya versiones sobre irregularidades”, consideró.
“Se marcó una importantísima diferencia de participación respecto de otras provincias, con la concurrencia de casi el 50% del padrón habilitado. Es una muy buena noticia, porque a mayor presencia en las urnas, mayor representatividad del elegido”, dijo. La gran ventaja obtenida por Zacarías Khoder se confirmará con el escrutinio definitivo, que comenzará hoy a las 18. Los cómputos provisorios se hicieron sobre 79 de las 82 urnas desplegadas, ya que en las otras tres se colocaron dentro los telegramas que debían ser enviados a la JEP para el escrutinio.
La principal duda estaba ahora relacionada con la situación de Carlos Páez, candidato del Frente Cívico y Social, quien no obtuvo el piso mínimo de 365 votos que necesitaba para oficializar su postulación. Sin embargo, su situación podría cambiar, si se detectan votos válidos emitidos entre los anulados.
“No abrimos juicio de valor sobre este sistema de selección, porque son propios de los poderes políticos”, sostuvo.
Piden que validen la candidatura de Páez
El Frente Cívico y Social pidió ayer a la Junta Electoral provincial que legitime a Carlos Páez como el candidato a intendente de Banda del Río Salí para los comicios del 23 de octubre.
El postulante de la coalición (la integran la UCR y Acción por la República) no reunió en las internas abiertas de ayer el 10% de los votos del padrón de afiliados de esa fuerza política. Al ser candidato único, la nueva ley electoral fija que debía participar de los comicios para obtener ese porcentaje y validar su candidatura. Pero de los 365 sufragios que necesitaba, sólo obtuvo 180 emitidos de manera válida.
Sin embargo, el apoderado del frente, Gonzalo Javier Ortega, sostuvo ante la Junta Electoral que el nuevo régimen sólo exige la participación de los afiliados. Por tanto, pidió que se considere el número de radicales que concurrieron al acto comicial, y que firmaron el padrón como prueba de ello, en lugar de los votos válidos registrados. “El Frente Cívico y Social no realizaba elecciones internas, sino que sólo tenía que hacer participar, al menos, al 10% de su padrón para legitimar su candidato”, argumentó. Según el letrado, ese requisito se cumplió, puesto que acudieron a votar 566 afiliados.
Reclaman expulsiones
La Junta de Gobierno de la UCR informó que decidió anoche encarar un proceso de depuración de su padrón de afiliados.
Como primera medida, el órgano ejecutivo del radicalismo decidió promover, ante el Tribunal de Etica y Disciplina, y ante la convención provincial, la expulsión de los ex diputados nacionales Carlos Courel y Benito Ferreyra; del intendente de Concepción, Osvaldo Morelli; y de la dirigente Silvia Pata Guerra de Nuova, quienes lanzaron el partido “Participación Ciudadana”.
Luego, se abrirá la instancia de la reafiliación general.
