Detectan anomalías en la rendición de fondos del Posoco y del Prosonu

Un trabajo reveló que el dinero remitido a Tucumán no es girado rápidamente a las unidades ejecutoras de los programas sociales. Mayor control.

Por Redacción Política 23 Julio 2002
Desde setiembre del año pasado, el Gobierno de Julio Miranda tiene en su poder un crítico informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En él se detallan irregularidades en la aplicación de los planes Políticas Sociales Comunitarias (Posoco) y Programa Social Nutricional (Prosonu) en Tucumán.
La investigación fue iniciada a partir de una denuncia publicada en LA GACETA, el año pasado, y abarcó las transferencias de fondos producidas entre enero de 2000 y junio de 2001.
Los cuestionamientos finales abarcan distintos aspectos, que atraviesan todo el funcionamiento de los planes sociales. De acuerdo con las conclusiones, hubo falencias en los listados de beneficiarios, falta de normativas para el otorgamiento de subsidios y errores en las rendiciones de cuentas.
El informe fue firmado por Rubén Corengia Carabajal como jefe de equipo; por Sandra Azpelicueta como síndica y por María Valeria Fortti, como especialista en la materia. Los analistas remarcaron por ejemplo que, "si bien las transferencias de fondos remitidos por la Nación a Tucumán para el financiamiento de los planes se reciben oportunamente, no son transferidos en tiempo a las unidades ejecutoras".
"Las remesas de dinero en efectivo -dijeron- son acreditadas en la cuenta de Rentas Generales de la Provincia". Esto implica que, inmediatamente, son incluidas en el esquema de la polémica caja única. Los pagos que salieron para los planes se efectuaron, en su mayoría, con los Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade). Por mes, se reciben alrededor de 400.000 pesos.

Transgresiones al convenio
Los funcionarios nacionales hicieron una seria advertencia. "La administración de los fondos no se efectuó conforme lo observado en el convenio celebrado entre el Ministerio de Asuntos Sociales de Tucumán y el ex Ministerio de Salud de la Nación, en cuanto a la aplicación de los recursos y a la transparencia de los actos administrativos", dijeron.
"La ausencia de normativa y de procedimientos operativos formales permiten debilidades en la ejecución y en el control de los programas sociales. Esto constituye un obstáculo para la optimización del empleo de los recursos transferidos y para el desarrollo de un sistema de control interno que posibilite la verificación de la información sobre el cumplimiento efectivo de los objetivos", agregaron los funcionarios.
En ese contexto, destacaron que la sola disponibilidad de fondos no asegura una asignación eficiente. "Se necesitan pautas bien determinadas y codificadas en normas que establezcan los lineamientos a seguir por todos aquellos que intervienen en la definición y operación de las políticas sociales. Sólo de forma los esfuerzos pueden provocar un impacto social acorde con las necesidades de la población", manifestaron.
Como recomendación, la SIGEN señala la necesidad de que el actual Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que encabeza Nélida Doga, efectúe controles periódicos sobre el destino de los recursos, para evitar más irregularidades.

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