Nuevas exigencias para pedir un juicio político

Quienes reclamen la destitución de un funcionario del Poder Ejecutivo o de un magistrado judicial tendrán que cumplir con más exigencias en la Legislatura. Ahora deberán demostrar con precisión la conexidad fundamentada entre los hechos denunciados y las causales constitucionales y legales de enjuiciamiento político que se alegan.
Los últimos cambios a la ley que reglamenta el Juicio Político aparecieron en el Boletín Oficial. Los principales cambios se refieren a definir con precisión los plazos (se computarán siempre días hábiles) y facultar al acusado a renunciar en cualquier momento del proceso, inclusive ya suspendido en el cargo (hasta ahora, sólo podía dimitir hasta la contestación de la acusación).
La falta de ratificación de la denuncia hará pasible de una multa a quien la haya presentado. El monto deberá ser definido por los 2/3 de los legisladores presentes en una sesión plenaria del cuerpo, y podrá alcanzar hasta el 75% del sueldo mensual que perciba el denunciante fallido.
El castigo también podría ser aplicado en caso de rechazo in límine de la presentación por ser manifiestamente infundada, falsa, maliciosa, temeraria o "se fundare en hechos no configurativos de las causales que por la Constitución provincial y la ley habilitan el enjuiciamiento político" (párrafo agregado en la modificación).
En la última década nunca se impuso una multa, pero este tema estuvo frecuentemente en la mesa de discusión en la comisión de Juicio Político, como un intento para poner freno a planteos injustificados.
En paralelo a los requisitos establecidos a los denunciantes, en la ley se ampliaron las facultades de la comisión parlamentaria. Los legisladores podrán ampliar los hechos y causales de acusación invocadas en el planteo original, según las pruebas que hayan recogido en la investigación y hasta tanto corran traslado del expediente.
La nueva normativa contempló que la comisión pueda citar de oficio a testigos no ofrecidos por las partes, así como requerir documentos y sustanciar pruebas no previstas, para llegar al pleno esclarecimiento de los hechos denunciados. Incluso se la faculta para seguir realizando actos luego de vencido el período probatorio y hasta antes de la audiencia para escuchar alegatos.
Asimismo, se estableció una suspensión excepcional de los plazos de tramitación de 15 días hábiles en caso de cambio de composición de la Legislatura. Luego, el proceso seguirá su marcha normal.