Los funcionarios del área social aseveraron que se están realizando mejoras edilicias, pero admitieron que el diagnóstico nacional no es errado.
"Las condiciones de higiene no resultan ser totalmente adecuadas para la conservación de productos alimenticios, y existen sectores del depósito central con limpieza deficiente", precisa el informe 29/05, elaborado por técnicos nacionales, con la colaboración de profesionales del Tribunal de Cuentas local.
El documento (llegó al Poder Ejecutivo el 6 de julio) reconoce que se observan avances en comparación con la anterior auditoría, pero se subraya que persisten situaciones que deben revertirse. Por ejemplo, se advierte que al momento de la inspección (se efectuó entre el 25 y el 29 de abril) aún estaba en trámite la cobertura del seguro.
"Hay debilidad en el circuito administrativo y operativo, y en el soporte documental de los movimientos de módulos", establecieron los técnicos.
Esta situación es detallada en la sección de "recomendaciones". "Las anormalidades detectadas en la documentación del circuito administrativo de los módulos alimentarios -remitos, órdenes de entrega, facturas- indican serias debilidades en el sistema de control", se especifica.
Se cuestiona, también, que las estibas no poseen rótulos que identifiquen el origen y las fechas de ingreso de la mercadería.
"No digo que (el informe) sea cierto en su totalidad. Pero los depósitos tenían deficiencias", admitió en declaraciones a este diario el secretario de Desarrollo Social, Joaquín Ferre, acompañado por la secretaria de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin.
Los funcionarios aseguraron que el área social nunca tuvo depósito propio en otros gobiernos. Sostienen que esto se debe a que, antes de esta gestión, ese sector no manejaba grandes volúmenes de mercadería ya que, por ejemplo, se entregaba dinero o tickets en lugar de alimentos.
"Cuando asumimos, el Siprosa nos prestó su depósito de Jujuy 1.351, hasta que alquilamos uno para nuestro uso exclusivo, que originalmente guardaba azúcar -dijeron-. Llevó tiempo acondicionarlo. Hoy seguimos con ese proceso de transformación y de mejoras", aseveraron.
En el lugar se almacenan elementos de planes alimentarios, de inclusión escolar y otros comestibles y productos que la provincia adquiere para atender emergencias. No hay, en cambio, alimentos para el Programa Focalizado de Rehabilitación Nutricional (es para menores desnutridos y embarazadas), ya que el proveedor que designa el Estado los entrega directamente.
Según pudo averiguar este diario, los depósitos oficiales fueron inspeccionados nuevamente por la Nación durante la semana pasada. La medida se adoptó luego de que en Entre Ríos se encontrarán más de 40 toneladas de comida de planes asistenciales que estaba vencida o en mal estado de conservación.
La oposición demanda respuestas
El legislador José Costanzo intimó al gobernador José Alperovich y al secretario de Desarrollo Social, Joaquín Ferre, a que den respuesta al pedido de informes sobre el manejo del plan alimentario para desnutridos que presentó el lunes pasado.
Mediante sendas cartas documento, el parlamentario exigió explicaciones respecto de las objeciones planteadas por una auditoría del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dadas a conocer ese día por LA GACETA. "Es inadmisible que se detecten irregularidades en la implementación de un plan social dirigido a personas de escasos recursos", afirmó el republicano en el texto.
Costanzo reclamó que se detalle a cuántos beneficiarios alcanza el Plan Focalizado de Rehabilitación Alimentaria y qué cantidad de dinero se destinó para él.
La conducción del Frente Cívico y Social, por otro lado, le reclamó al gobernador que ordene a los funcionarios del área social que den explicaciones en la Legislatura sobre las observaciones que planteó la citada auditoría.
"Pregona que denunciará a sus colaboradores si cometen irregularidades. Que comience por hacer que respondan ante los representantes del pueblo sobre las anomalías detectadas, que configurarían verdaderos actos de corrupción", reclamaron Julio César Rodríguez, presidente de la UCR, y Liliana Signorelli, titular de Acción por la República.
