La nueva ley provoca un fuerte debate

La ley aprobada por el Congreso, que establece la desfederalización de la investigación judicial de los delitos vinculados con estupefacientes a menor escala, ha generado, como ocurre en todo el país, un importante debate en la provincia.
Actualmente todos los casos relacionados con drogas son tratados por los tribunales federales, ya sea por tenencia personal o por comercialización, sin importar la cantidad de sustancia que se haya secuestrado.
En Tucumán, según los datos proporcionados por el comisario Mario Rojas, titular de Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía, por mes se producen 50 detenciones por este tipo de delitos y el 90% de ellos se encuadraría en las ahora denominadas causas menores.
Los magistrados de la Justicia Federal sostienen que a ellos los beneficiará esta norma porque,.de alguna manera, descomprimirá su trabajo. En el Tribunal provincial opinan lo contrario: si las causas menores pasan a sus manos, las fiscalías podrían llegar a colapsarse debido a la gran cantidad de casos que atienden.
A pesar de que en los pasillos de ambos tribunales no quieren realizar comentarios oficiales hasta tanto no se conozcan mayores detalles sobre la norma, las críticas no tardaron en aparecer. "El mayor problema será determinar la competencia. Lo que conocemos de lo que se aprobó es muy vago. Cómo vamos a determinar con exactitud cuándo es para consumo personal y si en un caso en particular no hay una red de narcotráfico por detrás", se preguntó un fiscal de instrucción en lo penal.
El juez federal Felipe Terán, uno de los pocos que rompieron el silencio, advirtió que con esta ley, además de los problemas de competencia que podría generar, se desvirtuaría a las fuerzas especializadas en combatir el delito. "Habría que ver cuál sería la función, ahora, de la Policía Federal o de Gendarmería, que están muy bien preparadas para luchar contra este flagelo", opinó.
Más allá de la polémica que se desató por este tema, para que esta norma entre en vigencia en la provincia, la Legislatura deberá aprobar una ley para que Tucumán se adhiera a ella.
Osvaldo Nieva, secretario de Seguridad, reconoció que se conversó del tema en el seno del Gobierno, pero que hasta el momento no se tomó ninguna resolución al respecto."La aplicación de esta norma no asusta. Nuestra fuerza de seguridad está preparada para asumirla sin problemas. Creo que aquí no se debe discutir si la ley es buena o mala, sino asumir la situación para hacerla cumplir", concluyó.

Puntos clave
*CAMBIOS.- En caso de que Tucumán se adhiera a la ley, los juzgados locales investigarán los casos donde se descubran escasas dosis de drogas. También estarán a su cargo los delitos de comercialización de droga a menor escala que se detecten. El narcotráfico y la venta en grandes cantidades quedarán en manos de los tribunales federales.

* BENEFICIO.- La iniciativa -que modifica la Ley de Estupefacientes (23.737)- permitirá que la Justicia local, con el apoyo de la Policía, investigue a los pequeños traficantes, sin necesidad de contar con la autorización de la Justicia Federal.

* OPTATIVA.- La ley será optativa para las provincias, por lo que los Ejecutivos provinciales que quieran seguir delegando la investigación sobre drogas a la Justicia Federal podrán hacerlo. Las provincias que quieran aplicar esta norma tendrán que adherirse a través de una ley.

* ACLARACION.- La ley dispone que si hubiera dudas con respecto a qué estamento judicial debe actuar, en todos los casos, la prioridad la tendrá la Justicia Federal.

Conflictos de competencia
"La nueva ley representa un serio retroceso en materia de lucha contra el narcotráfico porque va a provocar múltiples conflictos de competencia entre los tribunales federales y provinciales", aseguró Abel Cornejo, juez federal de Salta.El magistrado, además de cuestionar la norma sancionada por el Senado, planteó un interrogante sobre los cambios que ocasionará la norma: "¿a qué fuerza le vamos a encomendar la difícil tarea de luchar contra el flagelo de la droga, una tarea que no es para nada sencilla?".

Hay que seguir avanzando
Por Fernando Parolo, psicólogo
Es un avance más y entiendo que le hará bien a la Justicia Federal, que está rebasada por este tipo de causas. Ahora habrá que ver si la Justicia ordinaria está en condiciones de hacerse cargo de este tema.
Este es un problema que está demasiado judicializado. Al adicto se lo ve como un delincuente y no es así. La ley lo obliga a realizar un tratamiento o cumplir con una pena. Pero al mismo tiempo, el Estado, que exige, no tiene los medios necesarios para que pueda recuperarse.
Hay muchos chicos que están con causas por consumo o tenencia que, en la mayoría de los casos, son trámites muy engorrosos y terminan afectando el tratamiento. En una opinión muy personal, creo que se debe despenalizar el consumo personal. Esto, bajo ningún aspecto, quiere decir que se deba legalizar el consumo.
Sin lugar a dudas que este es un avance importante en esta materia. Pero la drogadicción no sólo es un tema jurídico, sino que incluye otras áreas en las que también se debe trabajar. De nada me sirve un mantel chico con el que no pueda tapar toda la mesa. Hay que seguir avanzando.