Polémica por los cambios en la ley de estupefacientes

BUENOS AIRES.- La sanción en el Senado del proyecto de desfederalización de los delitos menores vinculados al narcotráfico, y que fue impulsada por el gobernador bonaerense Felipe Solá, genera posiciones encontradas. La norma, que salió sin las modificaciones realizadas por Diputados, fue sancionada por 35 votos afirmativos, 2 negativos (el socialista Rubén Giustiniani y el renovador salteño Ricardo Gómez Diez) y las abstenciones del provincial cordobés Carlos Rossi y del republicano Ricardo Bussi.

A la Justicia ordinaria
La medida que modifica la ley 23.737 (de Estupefacientes) autoriza la intervención de la Justicia ordinaria en este tipo de hechos que, hasta ahora, estaban en órbita de la Justicia Federal.
El cuerpo aprobó penas de 6 meses a 3 años para quien haga "entrega, suministro o facilitación ocasional, gratuita e inequívocamente probado para el consumo personal de quien la recepta", y de un castigo mayor de 3 a 12 años para quien suministre droga aunque sea en forma gratuita, pero con la posterior intención de comercializar el producto.
Los senadores insistieron en el texto que plantea que los delitos que serán de órbita de la Justicia ordinaria son aquellos en los que se "comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor".
Respecto de las competencias, el texto destacó que intervendrá "la Justicia Federal cuando la causa tuviese conexidad subjetiva con otra sustanciada en dicho fuero". La frentista porteña Vilma Ibarra aclaró que no está de acuerdo con la desfederalización. En cambio, la duhaldista Mabel Muller afirmó que el tema de la inseguridad tiene mucho que ver con la drogadicción que hay en la provincia.
La iniciativa será aplicable en los Estados provinciales que se adhieran a la norma, que fue el mecanismo encontrado para aprobar esta ley hecha a pedido del gobernador e intendentes bonaerenses, que incluso hicieron lobby en las dos cámaras, para la aprobación de la modificación.
El argumento era que la Justicia Federal se dedicaba a investigar los grandes casos de narcotráfico, pero dejaba de lado los hechos menores que influían en temas de seguridad en los barrios.
La iniciativa ya había sido criticada por especialistas de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Sedronar; por la Cancillería y por la jueza federal de San Martín Lucila Larrandart.Algunos de los especialistas dijeron que la división de jurisdicciones beneficiaría a los narcotraficantes y favorecería la corrupción.
El problema, según los críticos, se produciría en el plano investigativo porque habría un conflicto de jurisdicción entre los jueces federales y los provinciales en la línea de investigación. (DyN)