El gobierno de José Alperovich podrá seguir adelante con el proyecto de construir 3.000 viviendas en Lomas de Tafí, para lo cual la Nación desembolsará $ 250 millones. No obstante, deberá hacer una serie de ajustes en virtud de las observaciones que efectuó el Tribunal de Cuentas (TC) por medio de una decena de acordadas. El principal condicionamiento es que las 10 empresas seleccionadas por el Poder Ejecutivo sólo podrán empezar los trabajos una vez que haya comenzado la ejecución de las obras de infraestructura global (cloacas y agua potable, y redes vial, eléctrica, desagües pluviales, gas natural, etcétera).
Los vocales del órgano de control, Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci, no formularon observaciones sobre la decisión del Poder Ejecutivo de adjudicar las obras en forma directa a las compañías Batcon, Omodeo, Gama Construcciones, Horbet, Tawe, Viluco, CEG, VHA, Falivene Constructora S.R.L. e Ingema. Cada una de estas construirá alrededor de 300 viviendas en los 10 diferentes sectores en que fue dividido el emprendimiento. Con el argumento de que la Nación le había dado plazo hasta el 30 de junio para tener asignadas las obras (luego fue prorrogado por un mes más), el Gobierno declinó de convocar a una licitación pública y llamó a 21 compañías a que efectuaran ofertas.
El TC exigió al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano que, cuando firme los contratos con las empresas, incluya los ajustes exigidos. Entre ellos, solicitó la incorporación de la siguiente cláusula: "el inicio de todas las obras y la totalidad de sus consecuencias jurídicas, entre ellas el otorgamiento del anticipo financiero al contratista, está condicionado al inicio de la obra de infraestructura global". "Este condicionamiento no generará gasto adicional ni derecho alguno a favor del contratista", afirmaron los vocales.
Terraf y Díaz Ricci aclararon que, como existía coincidencia entre la Nación y la Provincia en emprender un proceso de contratación directa sin que se haya implementado y ejecutado previamente la infraestructura global, esa decisión política quedaba al margen del control del TC.
"Queda para su oportunidad el contralor de las distintas situaciones que se generen dentro de la ejecución de vivienda e infraestructura secundaria como de la obra de infraestructura global. En ese caso, de darse el supuesto respectivo, se analizará el correspondiente deslinde de responsabilidades", advirtieron.
El interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, está conforme. La próxima semana elevará al órgano de control los pliegos de la invitación que hará a las mismas 21 empresas (a las que califiquen) a fin de que hagan ofertas para la realización de las obras de infraestructura. Pretenden abrir los sobres el 15 de setiembre.
Los vocales del órgano de control, Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci, no formularon observaciones sobre la decisión del Poder Ejecutivo de adjudicar las obras en forma directa a las compañías Batcon, Omodeo, Gama Construcciones, Horbet, Tawe, Viluco, CEG, VHA, Falivene Constructora S.R.L. e Ingema. Cada una de estas construirá alrededor de 300 viviendas en los 10 diferentes sectores en que fue dividido el emprendimiento. Con el argumento de que la Nación le había dado plazo hasta el 30 de junio para tener asignadas las obras (luego fue prorrogado por un mes más), el Gobierno declinó de convocar a una licitación pública y llamó a 21 compañías a que efectuaran ofertas.
El TC exigió al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano que, cuando firme los contratos con las empresas, incluya los ajustes exigidos. Entre ellos, solicitó la incorporación de la siguiente cláusula: "el inicio de todas las obras y la totalidad de sus consecuencias jurídicas, entre ellas el otorgamiento del anticipo financiero al contratista, está condicionado al inicio de la obra de infraestructura global". "Este condicionamiento no generará gasto adicional ni derecho alguno a favor del contratista", afirmaron los vocales.
Terraf y Díaz Ricci aclararon que, como existía coincidencia entre la Nación y la Provincia en emprender un proceso de contratación directa sin que se haya implementado y ejecutado previamente la infraestructura global, esa decisión política quedaba al margen del control del TC.
"Queda para su oportunidad el contralor de las distintas situaciones que se generen dentro de la ejecución de vivienda e infraestructura secundaria como de la obra de infraestructura global. En ese caso, de darse el supuesto respectivo, se analizará el correspondiente deslinde de responsabilidades", advirtieron.
El interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, está conforme. La próxima semana elevará al órgano de control los pliegos de la invitación que hará a las mismas 21 empresas (a las que califiquen) a fin de que hagan ofertas para la realización de las obras de infraestructura. Pretenden abrir los sobres el 15 de setiembre.







