Extienden el certificado ambiental para que instalen el megacasino en el parque

El legislador José Cano (UCR) denunció que el Consejo Provincial de Economía y Ambiente (CPEA) habría violado la legislación vigente para extender el certificado de aptitud ambiental que habilita la instalación de un megacasino en el parque 9 de Julio.
En diálogo con LA GACETA, el radical precisó que el pasado miércoles 20, el organismo se reunió para analizar el estudio del impacto ambiental que presentó la firma Casino Club. En ese informe, publicado oportunamente por este diario, la firma de capitales patagónicos sostiene que su emprendimiento será la ampliación de una obra ya existente (el hipódromo), sobre terrenos que originalmente eran del río Salí. "Por lo tanto, en términos ambientales estrictos, no se puede hablar de efectos al medio natural, por lo que los impactos contra él no existen", se indica.
Este trabajo, sin embargo, fue rechazado en duros términos por los representantes de las tres universidades con sede en Tucumán y por la organización ambientalista que integra el CPEA.
"Los profesionales cuestionaron desde tres frentes el estudio de Casino Club. Impugnaron el uso de una parcela fiscal del parque; advirtieron sobre las nefastas consecuencias morales que significará ese emprendimiento y, fundamentalmente, atacaron las deficiencias técnicas y la insuficiencia de elementos de ese informe", sintetizó el parlamentario. "Pero nos damos con que al oficialismo, al que no le importó el masivo rechazo social contra la instalación de 1.000 maquinitas tragamonedas más, ahora tampoco le interesa la opinión de los especialistas tucumanos", condenó.
Cano hizo hincapié en el hecho de que la presentación de la firma patagónica no contiene un detalle sobre las consecuencias que implicará la instalación de un megacasino. "Esto es una abierta violación contra la normativa vigente en materia de defensa, conservación y mejoramiento del medio ambiente", afirmó.
Precisó que la reglamentación referida a los estudios de impacto ambiental está fijada por el decreto 2.204/3, dictado el 25 de octubre de 2001 por el interventor federal Julio César Aráoz. "En su artículo 10 establece que sólo se admitirán para su consideración los estudios que contengan un análisis sobre los costos ambientales y sociales de un proyecto, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero esto no fue tenido en cuenta, porque el Consejo sólo blanqueó un negocio que ya está cerrado", concluyó.

EN CONTRA
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional
RET ONG (Organización no gubernamental ambientalista)
Universidad Nacional de Tucumán (su representante no estuvo presente en la reunión, pero firmó el dictamen de minoría en rechazo del estudio de impacto ambiental presentado por Casino Club).