Declararon nueve de 52 imputados

Nueve de 52 presuntos ocupantes ilegales de terrenos fiscales en El Cadillal ya declararon como imputados ante el fiscal anticorrupción Pedro Gallo. En ese despacho se lleva adelante una investigación penal para determinar la eventual comisión del delito contra el erario y para buscar la restitución de las propiedades que hayan sido arrebatadas a la Provincia.
Cada situación tiene su particularidad. Algunos de los investigados alegaron que son dueños de propiedades adquiridas a particulares hace muchos años, como lo hizo el gremialista Juan Jesús Soria (reconoció que hace 14 años compró una casa en malas condiciones, que la refaccionó y que actualmente mantiene un juicio para ser declarado poseedor de buena fe). Otros afirmaron que cuentan con autorizaciones o derechos comprados a la comuna rural para edificar (no tiene competencia para hacerlo) o permisos de la ex Secretaría de Turismo (esta repartición sí puede aprobar emprendimientos).
La lista de citados está conformada en su mayoría por particulares, pero también aparecen organizaciones como las de los remiseros ARUT (tiene dos complejos de recreación llamados Amado Juri); el gremio de los encargados de edificios Suterh o la fundación Biogen. La pesquisa abarca tanto a predios con construcciones (viviendas o espacios polideportivos) como cercados para la producción agraria o pecuaria.
La causa fue iniciada el 22 de noviembre de 2002, a partir de una denuncia de Fiscalía de Estado (en ese momento estaba a cargo de Benito Garzón), firmada por Jorge Avila. Recayó inicialmente en manos del entonces fiscal anticorrupción Esteban Jerez, ante quien sólo se ratificó la presentación, y el 19 de agosto de 2003 pasó a Gallo.
En su despacho se tramitó prácticamente toda la causa, que ya suma más de 350 folios en dos cuerpos que contienen varios planos, fotografías con los terrenos en disputa, informes periciales de la Policía y las primeras declaraciones de los imputados.
El relevamiento policial concluyó en marzo pasado, y al mes siguiente el fiscal anticorrupción comenzó a citar a los imputados.
Luego de determinar fehacientemente cuáles son los predios usurpados, Gallo solicitará al juez de turno que proceda a la devolución de lo ocupado a la Provincia, libre de habitantes. La restitución es independiente de la continuidad de los procesos contra quienes sean responsables penales de los hechos.Cuando la Provincia expropió los terrenos para construir el dique Celestino Gelsi, el espacio fiscal ocupaba más de 3.500 hectáreas, según un informe de la Dirección de Catastro existente en el expediente judicial. Ahora se intenta determinar cuánta superficie queda para el Estado.