Prometen ser inflexibles con los usurpadores

No consideran al parque Teodoro Meyer. El fiscal de Estado advirtió que el PE intensificará las demandas en contra de quienes ocupen ilegalmente inmuebles públicos. "Los pícaros; no", expresó.

CASO POR CASO. García Mena, de espaldas, analiza documentación con funcionarios del Poder Ejecutivo.
CASO POR CASO. García Mena, de espaldas, analiza documentación con funcionarios del Poder Ejecutivo.
Por Redacción Política 28 Julio 2005
La proliferación de usurpaciones de terrenos fiscales llamó a la reflexión de las autoridades provinciales, quienes acordaron ayer intensificar las medidas preventivas y correctivas para recuperar las tierras ocupadas de manera irregular.
Durante más de una hora, el fiscal de Estado, Antonio Estofán; la presidenta del Ente Tucumán Turismo, Mercedes Paz; el defensor del pueblo, Jorge García Mena, y funcionarios de la Dirección de Catastro discutieron la caótica situación de los inmuebles fiscales, sobre todo de aquellos ubicados en localidades turísticas. "Vamos a ser inflexibles. Aquí no hay amigos del poder. Todos serán tratados de la misma forma", advirtió el titular de la cartera legal de la Provincia.
Estofán aclaró, no obstante, que el Poder Ejecutivo tomará en cuenta la situación de aquellos usurpadores que no tengan vivienda. "Vamos a tratar cada caso con mucho respeto. Aquel que por necesidad se asentó desde hace años en terrenos fiscales, será reubicado. Pero los pícaros, no", expresó el funcionario.
El fiscal de Estado se refirió también a la vivienda de El Cadillal que, durante la anterior gestión, fue entregada en custodia provisoria a la Mutual de Vialidad, cuyo presidente es el legislador José Teri (PJ). "El único conocimiento que tengo es que habría una norma legal que le habría dado a él en concesión ese terreno. Eso se respetará en la medida en que, además de la norma, se esté cumpliendo el objetivo de la concesión. Si no es así, se reclamará la restitución del bien", manifestó. El dirigente vial Manuel Palavecino y miembros de la comisión directiva gremial habían denunciado públicamente que esa propiedad no era usufructuada por la mutual.

Sin registros
La Provincia ordenará la suspensión de las obras de construcción de un centro recreativo gremial en las inmediaciones del parque Meyer, en El Cadillal.
A raíz del reclamo de vecinos, García Mena requirió informes al Ente Tucumán Turismo. "Por una cuestión de precaución, vamos a desacelerar el proyecto. Pero quiero dejar en claro que no hubo tala de árboles y que el terreno cedido no ocuparía el parque Meyer. Además, ese parque no está determinado como tal en los registros de Catastro", dijo Paz.
La funcionaria afirmó que el gremio de la sanidad sólo cuenta con un permiso de tenencia precaria, que involucra unas tres hectáreas. "El permiso otorgado sólo autoriza la realización de tareas de limpieza y desmalezamiento", replicó.
García Mena, en tanto, coincidió con la titular del ente autárquico. "Hoy, el parque Meyer no existe. Sólo figura en algunas actuaciones administrativas y en planos como parque natural, pero en los hechos no está reconocido", precisó el ombudsman.
Finalmente, el defensor del pueblo adelantó que mantendrán nuevas reuniones con los factores involucrados. "Hay una decisión clara y tajante de actuar rápidamente para solucionar el daño que producen las usurpaciones", concluyó.

Veraneantes ocuparon lotes en los Valles

La Dirección de Catastro de la Provincia estudia nueve actas de constatación de presuntas ocupaciones irregulares en La Quebradita, que fueron elevadas por la Municipalidad de Tafí del Valle a la repartición.
Los documentos, firmados por abogados y funcionarios de Catastro de ese municipio fueron, además, presentados ante la comisaría de la villa turística, con el objetivo de que las actas sean incorporadas a la causa judicial que sustancia el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo.
Ayer, la creciente ola de ocupaciones irregulares de tierras fiscales en ese municipio motivó una reunión entre el intendente, Carlos Rodríguez, y funcionarios de Catastro provincial.
Allí, se analizaron los recientes casos, protagonizados por lugareños y anticipados por LA GACETA. "Estamos coordinando el mecanismo de trabajo", sostuvo el jefe municipal. En cuanto a las versiones de veraneantes, que involucran al concejal Carlos Guanco (PJ) en las ocupaciones, Rodríguez adelantó que mantendrá una reunión con el edil. "Aún no pude dialogar con él", respondió. Guanco afirmó a este diario que el sábado 16 de julio ayudó a vecinos del lugar a trasladar palos de sauce, pero que desconocía cuál era el destino.
En este caso, la documentación que está en manos de los técnicos de Catastro se refiere a tucumanos que poseen casas de descanso en la zona de La Quebradita y que habrían ocupado espacios verdes de la Provincia.
Las actas de constatación fueron confeccionadas a algunos propietarios de lotes, entre los que figuran Ricardo Chelala (lote 105, unos 1.400 metros cuadrados), Arturo Danley Callieri (lote 78, aproximadamente 2600 metros cuadrados), Jorge Raúl Carranza (lote 122, 300 metros cuadrados estimados), Pablo Aráoz (lote 114, casi 600 metros cuadrados), Ricardo Melhen (lote 155, superficie de 1600 metros cuadrados), Salomón Yapura (ocuparía un espacio verde de 1800 metros cuadrados), César Fazio Rojas (lote 246, unos 1500 metros cuadrados), Manuel Elías Asar (lote 156, 1000 metros cuadrados) y Sal Santillán (lote 88, casi 200 metros cuadrados).

Legisladores solicitan informes al Ejecutivo

La polémica sobre las usurpaciones de tierras fiscales llegará a la Legislatura el martes. La comisión de Legislación General realizará una reunión especial, desde las 10, con funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo y presidentes de todos los bloques parlamentarios, para recibir un informe completo sobre la situación provincial.
La convocatoria fue efectuada por el presidente de ese cuerpo, el peronista Rodolfo Ocaranza, quien justificó el encuentro en la necesidad de conocer con precisión cuáles son las acciones administrativas y judiciales que está llevando o llevó adelante el Estado en resguardo de su patrimonio. "El relevamiento servirá para saber el avance y el grado de certeza jurídica que se tiene sobre los terrenos en discusión", explicó el legislador oficialista.Entre las áreas del Gobierno citadas figuran Fiscalía de Estado, Defensoría del Pueblo, Escribanía de Gobierno, Unidad de Regularización Dominial y Dirección de Catastro.
Actualmente, en la Legislatura hay distintos proyectos de ley en debate para modificar el Código Procesal Penal en lo referido al trámite relacionado con usurpaciones y para facultar al Poder Ejecutivo a regularizar todas las situaciones dudosas.

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