En una de las causas citarían a la Legislatura

Un mensaje del ministro de Gobierno con respecto a la Justicia.

Por Redacción Política 28 Julio 2005
Los legisladores no estarán al margen de la causa que el concejal Alejandro Sangenis (h) impulsa contra el llamado a elección de convencionales constituyentes, que reformarán la Constitución provincial, para el 23 de octubre. La sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo citaría a la Legislatura para que participe en el proceso, en el carácter de interviniente adhesivo simple o coadyuvante. En virtud de esta figura, un tercero, en razón de ser titular de un derecho vinculado a las cuestiones articuladas en el expediente, actúa para colaborar en el desarrollo del juicio.
Ayer, Juan José Rodríguez Vaquero, uno de los abogados del edil del Movimiento Popular Tres Banderas, se presentó en la sala III de la Cámara para requerir la intervención procesal de la Legislatura. Los vocales, Enrique Guibert y Ebe López Piossek, ya habrían tomado una decisión que coincidiría con lo que pidió Rodríguez Vaquero. La Legislatura tendría tres días para elaborar un informe.
Por medio de una acción de amparo, Sangenis (h) solicitó a la Justicia que frene el llamado a elecciones efectuado por el Poder Ejecutivo hasta que el número de representantes, que cada sección electoral tendrá en la Asamblea Constituyente, no sea adecuado al crecimiento demográfico. De acuerdo con la convocatoria del PE, a la Capital le corresponden 18 convencionales; 11 al Oeste, e igual número al Este. Pero el concejal asevera que, según los últimos censos, el Oeste debe tener 15 representantes; la Capital, 16, y el Este, 9.
En la pretensión de Sangenis (h), el demandado es el Gobierno provincial, que actúa por medio de la Fiscalía de Estado. Pero los abogados del edil consideran que la participación de la Legislatura es clave. "Solicitamos la declaración de inconstitucionalidad de la omisión del Poder Legislativo de adecuar la representación política de las secciones electorales al crecimiento demográfico y el PE afirmó que dicha omisión es deliberada. Por eso debe intervenir la Legislatura", justificó Rodríguez Vaquero.

"La inamovilidad de los jueces será respetada"

El Poder Ejecutivo tampoco quedó al margen de la polémica que desataron las declaraciones del abogado Benito Garzón sobre el Poder Judicial durante un debate sobre la reforma constitucional (ver "Lo que dijo..."). El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, apaciguó las cosas, destacó que las instituciones funcionan con normalidad en la provincia, y reiteró que la Asamblea Constituyente no alterará la estabilidad de los magistrados.
"Cada poder está actuando dentro de su esfera. La inamovilidad de los jueces será respetada, es una conquista del régimen jurídico que garantiza su estabilidad y buen funcionamiento", aseveró el funcionario. Este no aludió en ningún momento a Garzón, quien asesora a la Fiscalía de Estado y hace una semana disertó en una charla organizada por la Secretaría de Gobierno, en el Club de Bochas, de Villa Amalia.
Jiménez destacó que los convencionales se ajustarán a la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución y que prohibió la posibilidad de poner en comisión a los magistrados. "Los ciudadanos tenemos que estar tranquilos, porque hay una norma y se la respetará", dijo.

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