El precio de la tarifa eléctrica sigue dando dolores de cabeza en Tucumán. La empresa distribuidora (EDET) advierte que podría haber cortes programados en el servicio si no se permite el aumento que autorizaría el Gobierno nacional (rondaría en torno del 8% y no afectará a los sectores de menor ingreso) a partir del 1 de agosto. Los usuarios, en tanto, temen que un fallo desfavorable de la Justicia por una suba anterior congelada termine posibilitando que en una misma boleta se reflejen en forma conjunta dos incrementos sucesivos: el trimestre mayo-junio-julio y el actual.
La sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo adquirió un rol clave. El mes pasado, el tribunal ordenó una medida de no innovar hasta que resuelva la acción de amparo interpuesta por la Federación Económica de Tucumán, en contra de la decisión del Ente Provincial Regulador de Energía en Tucumán (EPRET) de convocar a una audiencia pública para debatir un aumento tarifario. Este último fue sancionado por la Secretaría de Energía de la Nación el 30 de abril para los meses de mayo a julio y que llegaba al 10%.
Funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación y directivos de EDET coinciden en que, a pesar del aparente beneficio que genera la suspensión del incremento tarifario anterior, en el futuro puede provocar un efecto cascada aún más fuerte si la Justicia no le da la razón a la FET.
Agregaron que cuanto más se demore el traslado de la suba a las tarifas peor será. En efecto, sostienen que los tucumanos pueden sufrir de un solo golpe el incremento del mercado mayorista -que lo sufre EDET- y el autorizado ahora por el Ministerio de Economía de la Nación para la luz y el agua.
Queja empresarial
EDET tiene una doble preocupación. En primer lugar, por la demora en el tratamiento del aumento de precios estacionales (esto es lo que pretendía la audiencia convocada por el EPRET y congelada por la Justicia). En segundo lugar, por la adhesión de Tucumán a la Ley de Emergencia Nacional, sobre todo teniendo en cuenta que las tarifas de EDET nunca fueron determinadas en dólares ni en otras divisas extranjeras, sino en pesos. Tucumán fue la única provincia que cuando se privatizó el servicio, en 1995, especificó que todos los ítems de la tarifa iban en pesos, pese a la Ley de Convertibilidad.
El gerente comercial de EDET, Gunther Hofmann, también destacó el perjuicio que significa para la empresa recibir como forma de pago los bonos provinciales al 100% de su valor nominal cuando la mayoría de los insumos y de las deudas están en dólares.
El ejecutivo insistió en que EDET soporta costos de abastecimiento y de operación que no son compensados con la tarifa; eso sin sumar el perjuicio económico financiero derivado de recibir los Bocade al 100%.
Recordó que en 1993, cuando se produjo la privatización, la tarifa mayorista promedio estaba en 39 dólares por megavatio-hora, hasta caer a 21 dólares a fines de 2001. Ahora está en 6 dólares, mientra que en Brasil es de 35 dólares y en Estados Unidos y en Europa ronda los 40 dólares. Los expertos calculan que se requería un precio de por los menos 25 dólares, aunque seguiría siendo bajo a nivel internacional.
El EPRET advierte que podría haber un ajuste acumulativo del 18%
El titular del Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (EPRET), Roberto Carro, no tiene dudas. Está convencido de que lo que se plantea como un beneficio -la suspensión judicial del traslado del aumento de la electricidad a la tarifa- terminará perjudicando a los usuarios.
"Somos respetuosos de la Justicia y si decidió hacer lugar a una medida cautelar de la FET sabrá por qué, pero nosotros convocamos a una audiencia pública en mayo porque así nos ordenaba la ley y no violamos la norma de Emergencia Económica", dijo.
Carro no entiende por qué el aumento estacional -"que se dio en todo el país sin inconvenientes", dijo- no pudo consensuarse en la provincia mediante una audiencia pública, como lo manda la ley.
Desde la privatización del servicio, en 1995, se celebraron siete audiencias para analizar diferentes variaciones tarifarias. En cinco de ellas hubo rebajas y sólo en dos se incrementaron los valores. Tucumán es la única provincia donde el aumento tarifario no lo establece ni el Poder Ejecutivo ni la empresa, sino que decide mediante un debate público.
Mucho apuro
"Urge que la Justicia se expida (sobre la acción de amparo interpuesta por la FET). Pero si avala el aumento estacional de mayo, este será retroactivo a esa fecha e impactará enormemente en el usuario", advirtió.
Si la Justicia autoriza el incremento del 10% solicitado por EDET para el trimestre mayo-junio-julio pasado, que sería retroactivo, se sumaría el nuevo aumento del 8%. Este último, que se aplicaría desde el 1 de agosto, no comprenderá a los usuarios residenciales de escasos recursos sino a los grandes consumidores, empresas y comercios.
El miércoles Carro se reunirá con el secretario nacional de Energía.
La FET considera que es intolerable pensar en un incremento
La Federación Económica de Tucumán (FET) rechazó la posibilidad de un nuevo aumento de las tarifas de los servicios públicos, a partir del 1 de agosto, para la industria, el comercio y los grandes consumidores.
"Con la moneda destruida, y los consumidores y pequeñas y medianas empresas en la ruina, el pueblo y las Pyme seguimos siendo el pato de la boda", denunciaron Eduardo El Eter, presidente, y Agustín Arca, secretario general de la entidad. Los directivos lamentaron que "la arbitrariedad, el arrebato y la ley del más fuerte sigan primando en la Argentina".
Desde la central empresaria aguardan, ansiosos, el fallo de la Justicia. Esta ordenó una medida de no innovar ante el planteo de la FET contra la audiencia pública convocada por el EPRET para reajustar la tarifa del servicio eléctrico de Tucumán.
La FET considera que el ente regulador incumplió con la norma nacional a la que la Provincia se adhirió y que prohíbe cualquier indexación de las tarifas públicas por la variación del dólar. "Esperamos la apertura a pruebas del proceso. En esa oportunidad, presentaremos sobrados elementos de juicios que demostrarán que la prosperidad que evidencian los proveedores de servicios públicos no es producto de su eficiencia sino del sistema de hijos y entenados instaurado en la Argentina, en la pasada década. Es intolerable que se autoricen aumentos de naturaleza alguna para los servicios públicos indispensables para la vida", añadieron.
El Eter y Arca recordaron que el poder adquisitivo de la población, en el mejor de los casos, apenas alcanza para la supervivencia, mientras que las PyME enfrentan un conglomerado enorme de inconvenientes que no admite un nuevo obstáculo.
La sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo adquirió un rol clave. El mes pasado, el tribunal ordenó una medida de no innovar hasta que resuelva la acción de amparo interpuesta por la Federación Económica de Tucumán, en contra de la decisión del Ente Provincial Regulador de Energía en Tucumán (EPRET) de convocar a una audiencia pública para debatir un aumento tarifario. Este último fue sancionado por la Secretaría de Energía de la Nación el 30 de abril para los meses de mayo a julio y que llegaba al 10%.
Funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación y directivos de EDET coinciden en que, a pesar del aparente beneficio que genera la suspensión del incremento tarifario anterior, en el futuro puede provocar un efecto cascada aún más fuerte si la Justicia no le da la razón a la FET.
Agregaron que cuanto más se demore el traslado de la suba a las tarifas peor será. En efecto, sostienen que los tucumanos pueden sufrir de un solo golpe el incremento del mercado mayorista -que lo sufre EDET- y el autorizado ahora por el Ministerio de Economía de la Nación para la luz y el agua.
Queja empresarial
EDET tiene una doble preocupación. En primer lugar, por la demora en el tratamiento del aumento de precios estacionales (esto es lo que pretendía la audiencia convocada por el EPRET y congelada por la Justicia). En segundo lugar, por la adhesión de Tucumán a la Ley de Emergencia Nacional, sobre todo teniendo en cuenta que las tarifas de EDET nunca fueron determinadas en dólares ni en otras divisas extranjeras, sino en pesos. Tucumán fue la única provincia que cuando se privatizó el servicio, en 1995, especificó que todos los ítems de la tarifa iban en pesos, pese a la Ley de Convertibilidad.
El gerente comercial de EDET, Gunther Hofmann, también destacó el perjuicio que significa para la empresa recibir como forma de pago los bonos provinciales al 100% de su valor nominal cuando la mayoría de los insumos y de las deudas están en dólares.
El ejecutivo insistió en que EDET soporta costos de abastecimiento y de operación que no son compensados con la tarifa; eso sin sumar el perjuicio económico financiero derivado de recibir los Bocade al 100%.
Recordó que en 1993, cuando se produjo la privatización, la tarifa mayorista promedio estaba en 39 dólares por megavatio-hora, hasta caer a 21 dólares a fines de 2001. Ahora está en 6 dólares, mientra que en Brasil es de 35 dólares y en Estados Unidos y en Europa ronda los 40 dólares. Los expertos calculan que se requería un precio de por los menos 25 dólares, aunque seguiría siendo bajo a nivel internacional.
El EPRET advierte que podría haber un ajuste acumulativo del 18%
El titular del Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (EPRET), Roberto Carro, no tiene dudas. Está convencido de que lo que se plantea como un beneficio -la suspensión judicial del traslado del aumento de la electricidad a la tarifa- terminará perjudicando a los usuarios.
"Somos respetuosos de la Justicia y si decidió hacer lugar a una medida cautelar de la FET sabrá por qué, pero nosotros convocamos a una audiencia pública en mayo porque así nos ordenaba la ley y no violamos la norma de Emergencia Económica", dijo.
Carro no entiende por qué el aumento estacional -"que se dio en todo el país sin inconvenientes", dijo- no pudo consensuarse en la provincia mediante una audiencia pública, como lo manda la ley.
Desde la privatización del servicio, en 1995, se celebraron siete audiencias para analizar diferentes variaciones tarifarias. En cinco de ellas hubo rebajas y sólo en dos se incrementaron los valores. Tucumán es la única provincia donde el aumento tarifario no lo establece ni el Poder Ejecutivo ni la empresa, sino que decide mediante un debate público.
Mucho apuro
"Urge que la Justicia se expida (sobre la acción de amparo interpuesta por la FET). Pero si avala el aumento estacional de mayo, este será retroactivo a esa fecha e impactará enormemente en el usuario", advirtió.
Si la Justicia autoriza el incremento del 10% solicitado por EDET para el trimestre mayo-junio-julio pasado, que sería retroactivo, se sumaría el nuevo aumento del 8%. Este último, que se aplicaría desde el 1 de agosto, no comprenderá a los usuarios residenciales de escasos recursos sino a los grandes consumidores, empresas y comercios.
El miércoles Carro se reunirá con el secretario nacional de Energía.
La FET considera que es intolerable pensar en un incremento
La Federación Económica de Tucumán (FET) rechazó la posibilidad de un nuevo aumento de las tarifas de los servicios públicos, a partir del 1 de agosto, para la industria, el comercio y los grandes consumidores.
"Con la moneda destruida, y los consumidores y pequeñas y medianas empresas en la ruina, el pueblo y las Pyme seguimos siendo el pato de la boda", denunciaron Eduardo El Eter, presidente, y Agustín Arca, secretario general de la entidad. Los directivos lamentaron que "la arbitrariedad, el arrebato y la ley del más fuerte sigan primando en la Argentina".
Desde la central empresaria aguardan, ansiosos, el fallo de la Justicia. Esta ordenó una medida de no innovar ante el planteo de la FET contra la audiencia pública convocada por el EPRET para reajustar la tarifa del servicio eléctrico de Tucumán.
La FET considera que el ente regulador incumplió con la norma nacional a la que la Provincia se adhirió y que prohíbe cualquier indexación de las tarifas públicas por la variación del dólar. "Esperamos la apertura a pruebas del proceso. En esa oportunidad, presentaremos sobrados elementos de juicios que demostrarán que la prosperidad que evidencian los proveedores de servicios públicos no es producto de su eficiencia sino del sistema de hijos y entenados instaurado en la Argentina, en la pasada década. Es intolerable que se autoricen aumentos de naturaleza alguna para los servicios públicos indispensables para la vida", añadieron.
El Eter y Arca recordaron que el poder adquisitivo de la población, en el mejor de los casos, apenas alcanza para la supervivencia, mientras que las PyME enfrentan un conglomerado enorme de inconvenientes que no admite un nuevo obstáculo.
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