Por Redacción Política
27 Julio 2005
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Los dos partidos opositores con representación parlamentaria nacional denunciaron por separado al Gobierno tucumano por presuntas irregularidades en la ejecución de un plan alimentario para asistir a 36.000 desnutridos menores de 14 años.FR solicitó ayer en el Ministerio Público Fiscal de la Nación la apertura de una investigación penal, sobre la base de las objeciones planteadas por una auditoría nacional respecto del Programa Focalizado de Rehabilitación Nutricional.
Paralelamente, Recrear requirió a la Oficina Anticorrupción nacional que investigue las situaciones observadas por el Ministerio de Desarrollo Social, dadas a conocer en la edición del lunes de LA GACETA.
Presentaciones
El senador Ricardo Bussi pidió al fiscal federal general Gustavo Gómez que se abra un expediente preliminar para reunir pruebas y determinar si se cometió un delito en el manejo del plan asistencial. De confirmarse la sospecha, se pasaría a una denuncia formal por el posible delito de malversación de fondos públicos. Como los recursos ($ 15,7 millones entre marzo de 2004 y abril pasado) fueron enviados por la Nación, la causa debería radicarse en los Tribunales Federales.
"Desde que asumió, el gobernador José Alperovich usa los dineros del Estado como si fuera su empresa familiar", cuestionó el titular de FR. También criticó las explicaciones brindadas desde el Poder Ejecutivo para refutar el informe de la Nación. "Joaquín Ferre y Beatriz Mirkin mienten. De ningún modo nos conforman sus explicaciones livianas sobre la evaluación de los precios. La auditoría es contundente y da por tierra esas declaraciones", aseveró.
En Buenos Aires, el diputado Esteban Jerez presentó su denuncia al fiscal general administrativo, Abel Fleitas Ortiz de Rozas. En el escrito considera que las objeciones revelan cuestiones que calificó como "indignantes". "Constituyen hechos de características delictuales", afirmó.
El titular de Recrear reivindicó la jurisdicción de la Oficina Anticorrupción para investigar su denuncia, porque involucra fondos públicos de origen nacional.
Según el informe nacional, la Provincia no respetó la cobertura de 36.000 beneficiarios; reparte menos bolsones que los que compra; los adquiere a precios más altos que los ofertados por supermercados minoristas. Agrega que los padrones de beneficiarios no son confiables y que, en lugar de emplearse una cuenta específica para emplear los fondos -como convino el Gobierno local-, se usan varias, lo que dificulta el seguimiento de los movimientos.
Defienden la acción del Poder Ejecutivo
La polémica generada por una auditoría de la Nación sobre el manejo presuntamente irregular de planes alimentarios fue relativizada ayer por el vicegobernador Fernando Juri."No me preocupa la denuncia, porque tengo la absoluta seguridad de que la secretaría de Políticas Sociales (conducida por Beatriz Mirkin) se viene manejando con total transparencia. Puede haber diferencias de criterio, pero en el fondo no habrá ningún problema, porque todo se debe haber hecho bien", aseguró.
Según Juri, "el manejo de los planes es un tema difícil por las cantidades que se distribuyen, por las necesidades, por las presiones que se reciben y por las urgencias que existen". "Cuando hay un chico que se está muriendo y necesita ya un traslado a Buenos Aires o un medicamento, o una familia que reclama una casa para poder vivir porque se le quemó la suya, es muy complejo cumplir con todos los pasos y las pautas legales y administrativas. La solución debe ser inmediata porque la muerte no espera, pero a veces faltan algunas cosas requeridas por las normas. Esto no puede negarse", reconoció.
Interpelación
El legislador José Costanzo presentó ayer un pedido de interpelación del secretario de Desarrollo Social, Joaquín Ferre, para que dé explicaciones a la Cámara sobre las objeciones formuladas por la Nación.
Consultado sobre este tema, Juri aseveró que la propuesta del republicano se tramitará en forma ordinaria en la Cámara y que será evaluada en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizaría mañana o el viernes.
Paralelamente, Recrear requirió a la Oficina Anticorrupción nacional que investigue las situaciones observadas por el Ministerio de Desarrollo Social, dadas a conocer en la edición del lunes de LA GACETA.
Presentaciones
El senador Ricardo Bussi pidió al fiscal federal general Gustavo Gómez que se abra un expediente preliminar para reunir pruebas y determinar si se cometió un delito en el manejo del plan asistencial. De confirmarse la sospecha, se pasaría a una denuncia formal por el posible delito de malversación de fondos públicos. Como los recursos ($ 15,7 millones entre marzo de 2004 y abril pasado) fueron enviados por la Nación, la causa debería radicarse en los Tribunales Federales.
"Desde que asumió, el gobernador José Alperovich usa los dineros del Estado como si fuera su empresa familiar", cuestionó el titular de FR. También criticó las explicaciones brindadas desde el Poder Ejecutivo para refutar el informe de la Nación. "Joaquín Ferre y Beatriz Mirkin mienten. De ningún modo nos conforman sus explicaciones livianas sobre la evaluación de los precios. La auditoría es contundente y da por tierra esas declaraciones", aseveró.
En Buenos Aires, el diputado Esteban Jerez presentó su denuncia al fiscal general administrativo, Abel Fleitas Ortiz de Rozas. En el escrito considera que las objeciones revelan cuestiones que calificó como "indignantes". "Constituyen hechos de características delictuales", afirmó.
El titular de Recrear reivindicó la jurisdicción de la Oficina Anticorrupción para investigar su denuncia, porque involucra fondos públicos de origen nacional.
Según el informe nacional, la Provincia no respetó la cobertura de 36.000 beneficiarios; reparte menos bolsones que los que compra; los adquiere a precios más altos que los ofertados por supermercados minoristas. Agrega que los padrones de beneficiarios no son confiables y que, en lugar de emplearse una cuenta específica para emplear los fondos -como convino el Gobierno local-, se usan varias, lo que dificulta el seguimiento de los movimientos.
Defienden la acción del Poder Ejecutivo
La polémica generada por una auditoría de la Nación sobre el manejo presuntamente irregular de planes alimentarios fue relativizada ayer por el vicegobernador Fernando Juri."No me preocupa la denuncia, porque tengo la absoluta seguridad de que la secretaría de Políticas Sociales (conducida por Beatriz Mirkin) se viene manejando con total transparencia. Puede haber diferencias de criterio, pero en el fondo no habrá ningún problema, porque todo se debe haber hecho bien", aseguró.
Según Juri, "el manejo de los planes es un tema difícil por las cantidades que se distribuyen, por las necesidades, por las presiones que se reciben y por las urgencias que existen". "Cuando hay un chico que se está muriendo y necesita ya un traslado a Buenos Aires o un medicamento, o una familia que reclama una casa para poder vivir porque se le quemó la suya, es muy complejo cumplir con todos los pasos y las pautas legales y administrativas. La solución debe ser inmediata porque la muerte no espera, pero a veces faltan algunas cosas requeridas por las normas. Esto no puede negarse", reconoció.
Interpelación
El legislador José Costanzo presentó ayer un pedido de interpelación del secretario de Desarrollo Social, Joaquín Ferre, para que dé explicaciones a la Cámara sobre las objeciones formuladas por la Nación.
Consultado sobre este tema, Juri aseveró que la propuesta del republicano se tramitará en forma ordinaria en la Cámara y que será evaluada en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizaría mañana o el viernes.
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