Por Redacción Política
27 Julio 2005
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CONCEPCION.- La presunta ocupación irregular de terrenos fiscales en Tafí del Valle, publicada por LA GACETA, fue constatada ayer en un operativo realizado por autoridades provinciales, municipales y también por efectivos policiales.
Durante la mañana, personal de la Dirección de Catastro de la Provincia y de la Municipalidad de Tafí del Valle determinaron la existencia de unas 10 supuestas usurpaciones en la zona conocida como La Quebradita, cuyos predios fiscales están destinados para espacios verdes.
Sin techo
Los terrenos en conflicto comenzaron a ser cercados desde hace un mes, según alertaron vecinos de la zona. Las propiedades inicialmente alambradas eran dos, pero en los últimos días la división en parcelas se multiplicó, lo que generó incidentes entre veraneantes y lugareños. Este entredicho terminó con una denuncia en Catastro, en la que aparecen involucrados ediles de ese municipio. Según sostienen los denunciantes, algunos concejales habrían motorizado las ocupaciones.
El director de Catastro de Tafí del Valle, Rubén Abbas, desmintió esas versiones e, inclusive, se mostró escéptico respecto de que los presuntos usurpadores sean lugareños. LA GACETA, sin embargo, dialogó con vecinos de la zona, que confesaron haber tomado posesión de terrenos ante la falta de un lugar para vivir.
"Aquí, los nuevos usurpadores adinerados nos están dejando sin tierra. Para colmo, realizan el loteo de inmuebles con costos que rondan los $ 30.000. Para nosotros, esos precios son inaccesibles. Es un caos que permite el propio intendente, Carlos Rodríguez", opinó Nelson Gómez. "La gente de aquí ni siquiera dispone de un plan para acceder a viviendas. Tengo cuatro hijos y vivo en la casa de mis padres. Por eso alambré un terreno", prosiguió.
Los funcionarios enviados por la Provincia se toparon, además, con la situación de Francisco Tolaba, quien admitió a los inspectores que había cercado un terreno porque, a pesar de ser nativo del lugar, no posee una propiedad. "Me dijeron que aquí podía instalarme y lo hice. Soy casero en la vivienda de un veraneante de La Banda y quiero tener mi propio ?rancho?", les dijo.
Otro vecino de La Quebradita, Felipe Tolay, cargó contra aquellas personas que sólo concurren a los valles para descansar y que, según entiende, también ocupan terrenos del Estado. "En La Quebradita hay muchos usurpadores que ya cuentan con casas inmensas. Ahora que las personas nativas del lugar, todas pobres, quieren hacerse de un lote, se las quiere echar a patadas y meter presa", expresó.
Los lugareños, en tanto, desmintieron que el concejal justicialista Carlos Guanco haya colaborado en la ocupación de los terrenos. En La Quebradita, el Estado cuenta con 310 hectáreas que fueron preservadas, después del loteo, para espacios verdes. Inclusive, las tierras en litigio figuran en el listado de bienes de la Ley de Activo por Activo, que permite al PE enajenar esos inmuebles. (C)
Las demandas serían giradas a la Justicia por la Fiscalía de Estado
Tras la presentación de la denuncia ante la comisaría de Tafí del Valle, funcionarios de la Dirección de Catastro de la Provincia elevarán el informe a la Fiscalía de Estado, a cargo de Antonio Estofán.
La inspección de la repartición se agilizó tras las denuncias públicas que formularon los vecinos del lugar. Junto a personal de la Escribanía General de Gobierno, técnicos del área de Inmuebles Fiscales labraron las actas correspondientes y formalizaron la denuncia policial. En el texto de la presentación se detalla que unos seis lotes, ubicados en espacios verdes, estaban siendo cercados con postes.
El oficial Juan Carlos Aranda, quien tomó la denuncia de Catastro en la comisaría, dijo que acudió al lugar para dialogar con los presuntos usurpadores. "Se les explicó que esos predios estaban destinados a espacios verdes y que no podían instalarse allí. A partir de que tomamos la denuncia, se corre traslado a la Fiscalía de turno, con sede en el Centro Judicial de Monteros", respondió.
El próximo paso administrativo corresponde al área de Inmuebles Fiscales de Catastro, que deberá notificar sobre las presuntas usurpaciones al fiscal de Estado. Una vez que la documentación llegue a manos de los abogados de la Provincia, se iniciarían las acciones judiciales.
La primera medida, según reconocieron en el Poder Ejecutivo, sería requerir los informes pertinentes para establecer la legítima propiedad de los ocupantes. En caso de que los presuntos usurpadores no demuestren un respaldo legal para hacerse de las tierras, la Fiscalía podría requerir un permiso de la Justicia para proceder a la recuperación de los predios fiscales.
Reubicación
El fiscal de Estado adjunto, Rogelio Mercado, ratificó que la Provincia presentará un paquete de casi 10 denuncias por presuntas usurpaciones en terrenos fiscales de San Javier. "Iremos presentando las denuncias en la medida en que completemos la documentación respaldatoria. En el caso de los lugareños, analizaremos su reubicación en otros lugares, porque debemos atender también la cuestión social", dijo.
En 7 de Abril dicen que preservan los predios
La comisionada comunal de 7 de Abril, Nancy D?Auría, expresó que su administración evitó la usurpación de 517 hectáreas fiscales ubicadas en dicha localidad y que, además, preservó el monte autóctono del lugar.
La funcionaria negó que empresarios exploten agrícolamente los terrenos de la provincia ubicados en su comuna. "Actualmente residen en esas tierras personas de escasos recursos económicos y que solamente tienen una vivienda precaria y una pequeña explotación agrícola de subsistencia. Pero los terrenos en estas condiciones suman un total aproximado de 30 hectáreas", sostuvo a LA GACETA D?Auría.
Las 517 hectáreas que el Estado posee en 7 de Abril fueron expropiadas en 1974, bajo el amparo de la Ley 4.092. La norma establece que esas tierras estarían destinadas a "trabajadores que estén ocupando el predio, a ex trabajadores agrícolas de ingenios o a agricultores en general con residencia en la zona, que no posean, ni ellos ni sus cónyuges, parcelas aptas para su explotación económica y racional". Luego, por la Ley 6.834 el PE cedió tres hectáreas a favor del Instituto Provincial de Vivienda, para la construcción de un barrio.
Durante la mañana, personal de la Dirección de Catastro de la Provincia y de la Municipalidad de Tafí del Valle determinaron la existencia de unas 10 supuestas usurpaciones en la zona conocida como La Quebradita, cuyos predios fiscales están destinados para espacios verdes.
Sin techo
Los terrenos en conflicto comenzaron a ser cercados desde hace un mes, según alertaron vecinos de la zona. Las propiedades inicialmente alambradas eran dos, pero en los últimos días la división en parcelas se multiplicó, lo que generó incidentes entre veraneantes y lugareños. Este entredicho terminó con una denuncia en Catastro, en la que aparecen involucrados ediles de ese municipio. Según sostienen los denunciantes, algunos concejales habrían motorizado las ocupaciones.
El director de Catastro de Tafí del Valle, Rubén Abbas, desmintió esas versiones e, inclusive, se mostró escéptico respecto de que los presuntos usurpadores sean lugareños. LA GACETA, sin embargo, dialogó con vecinos de la zona, que confesaron haber tomado posesión de terrenos ante la falta de un lugar para vivir.
"Aquí, los nuevos usurpadores adinerados nos están dejando sin tierra. Para colmo, realizan el loteo de inmuebles con costos que rondan los $ 30.000. Para nosotros, esos precios son inaccesibles. Es un caos que permite el propio intendente, Carlos Rodríguez", opinó Nelson Gómez. "La gente de aquí ni siquiera dispone de un plan para acceder a viviendas. Tengo cuatro hijos y vivo en la casa de mis padres. Por eso alambré un terreno", prosiguió.
Los funcionarios enviados por la Provincia se toparon, además, con la situación de Francisco Tolaba, quien admitió a los inspectores que había cercado un terreno porque, a pesar de ser nativo del lugar, no posee una propiedad. "Me dijeron que aquí podía instalarme y lo hice. Soy casero en la vivienda de un veraneante de La Banda y quiero tener mi propio ?rancho?", les dijo.
Otro vecino de La Quebradita, Felipe Tolay, cargó contra aquellas personas que sólo concurren a los valles para descansar y que, según entiende, también ocupan terrenos del Estado. "En La Quebradita hay muchos usurpadores que ya cuentan con casas inmensas. Ahora que las personas nativas del lugar, todas pobres, quieren hacerse de un lote, se las quiere echar a patadas y meter presa", expresó.
Los lugareños, en tanto, desmintieron que el concejal justicialista Carlos Guanco haya colaborado en la ocupación de los terrenos. En La Quebradita, el Estado cuenta con 310 hectáreas que fueron preservadas, después del loteo, para espacios verdes. Inclusive, las tierras en litigio figuran en el listado de bienes de la Ley de Activo por Activo, que permite al PE enajenar esos inmuebles. (C)
Tras la presentación de la denuncia ante la comisaría de Tafí del Valle, funcionarios de la Dirección de Catastro de la Provincia elevarán el informe a la Fiscalía de Estado, a cargo de Antonio Estofán.
La inspección de la repartición se agilizó tras las denuncias públicas que formularon los vecinos del lugar. Junto a personal de la Escribanía General de Gobierno, técnicos del área de Inmuebles Fiscales labraron las actas correspondientes y formalizaron la denuncia policial. En el texto de la presentación se detalla que unos seis lotes, ubicados en espacios verdes, estaban siendo cercados con postes.
El oficial Juan Carlos Aranda, quien tomó la denuncia de Catastro en la comisaría, dijo que acudió al lugar para dialogar con los presuntos usurpadores. "Se les explicó que esos predios estaban destinados a espacios verdes y que no podían instalarse allí. A partir de que tomamos la denuncia, se corre traslado a la Fiscalía de turno, con sede en el Centro Judicial de Monteros", respondió.
El próximo paso administrativo corresponde al área de Inmuebles Fiscales de Catastro, que deberá notificar sobre las presuntas usurpaciones al fiscal de Estado. Una vez que la documentación llegue a manos de los abogados de la Provincia, se iniciarían las acciones judiciales.
La primera medida, según reconocieron en el Poder Ejecutivo, sería requerir los informes pertinentes para establecer la legítima propiedad de los ocupantes. En caso de que los presuntos usurpadores no demuestren un respaldo legal para hacerse de las tierras, la Fiscalía podría requerir un permiso de la Justicia para proceder a la recuperación de los predios fiscales.
Reubicación
El fiscal de Estado adjunto, Rogelio Mercado, ratificó que la Provincia presentará un paquete de casi 10 denuncias por presuntas usurpaciones en terrenos fiscales de San Javier. "Iremos presentando las denuncias en la medida en que completemos la documentación respaldatoria. En el caso de los lugareños, analizaremos su reubicación en otros lugares, porque debemos atender también la cuestión social", dijo.
La comisionada comunal de 7 de Abril, Nancy D?Auría, expresó que su administración evitó la usurpación de 517 hectáreas fiscales ubicadas en dicha localidad y que, además, preservó el monte autóctono del lugar.
La funcionaria negó que empresarios exploten agrícolamente los terrenos de la provincia ubicados en su comuna. "Actualmente residen en esas tierras personas de escasos recursos económicos y que solamente tienen una vivienda precaria y una pequeña explotación agrícola de subsistencia. Pero los terrenos en estas condiciones suman un total aproximado de 30 hectáreas", sostuvo a LA GACETA D?Auría.
Las 517 hectáreas que el Estado posee en 7 de Abril fueron expropiadas en 1974, bajo el amparo de la Ley 4.092. La norma establece que esas tierras estarían destinadas a "trabajadores que estén ocupando el predio, a ex trabajadores agrícolas de ingenios o a agricultores en general con residencia en la zona, que no posean, ni ellos ni sus cónyuges, parcelas aptas para su explotación económica y racional". Luego, por la Ley 6.834 el PE cedió tres hectáreas a favor del Instituto Provincial de Vivienda, para la construcción de un barrio.
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